El mundo no termina de conocer las consecuencias derivadas de las protestas en Ecuador, Chile y Bolivia, y ahora nuestro país también es motivo de los titulares de prensa que, de una jornada de protesta, promovida no sólo por los grandes sindicatos, sino también por estudiantes, indígenas, profesores, artistas, grupos ecológicos, hasta el Episcopado, entre otros importantes gremios sociales y económicos, pasamos inmediatamente a otra protesta con los cacerolazos ejercidos por quienes no participaron de la anterior jornada, pero que lo hicieron con una admirable espontaneidad, con ese mismo objetivo: decirle al Señor Presidente y a su gobierno, que de reclamar nuestros derechos estamos hablando, viejo.

 De los sonidos estridentes de las cacerolas pasamos a una también sucesiva tercera protesta llena de flores y expresiones de solidaridad, con ocasión de las graves lesiones personales sufridas por el estudiante Dylan Cruz, quien encontró la muerte provocada ante circunstancias que evidencian el denunciado exceso de la fuerza pública para contrarrestar las manifestaciones sociales.

 Si bien es injusto imputarle a este Gobierno todas las causas que son fuente de las protestas generales en el país, también es cierto que el actual mandatario representa hoy al Estado y a sus instituciones, y que debe afrontar las soluciones de todos sus antecesores, incluidos los gobiernos del jefe y mentor del presidente Duque.

 Los resultados negativos son humanamente lamentables y económicamente cuantiosos. Son víctimas los manifestantes y ciudadanos particulares, estos últimos ajenos a las protestas, que perciben los nocivos efectos del vandalismo y del abuso oficial en la represión del Estado, tanto como las unidades de policía que igualmente recibieron las consecuencias físicas de un vandalismo que también notoriamente hizo parte activa de los lamentables sucesos.

 Para muchos se deben reprimir las protestas sociales y para otros muchos se debe extinguir el Esmad como institución. Sin embargo, ninguna de estas propuestas lanzadas con radicalismo coyuntural, se conformarían como la solución a esas consecuencias: La protesta social es un acto inherente al ser humano y a su dignidad para expresar inconformidad ante sus mandatarios, conformado universalmente como un pilar de toda democracia, y por su parte, la fuerza pública es necesaria para el mantenimiento de la convivencia de toda la comunidad. Ambas, de arraigo Constitucional.

 Siendo el Presidente el poseedor del poder del Estado y teniendo bajo sus responsabilidades el orden público, la convivencia y las directrices para brindar a sus asociados adecuadas condiciones en la calidad de vida, le queda el histórico compromiso para derivar de lo que él ha llamado una “Conversación nacional” con los diversos actores de la protesta, gestiones pragmáticas que pueda proveer de las condiciones sociales y económicas requeridas airadamente por un pueblo cansado de la corrupción y el abuso de los sectores poderosos sobre la economía de la nación.

 No podrán ser medidas que otorguen soluciones inmediatas, -obvio- porque se trata de problemas enquistados por décadas de abandono, pero sí las acciones y omisiones que indiquen que los derechos esenciales alcanzados por los trabajadores y los pensionables, no son objeto de negociación; que el medio ambiente no puede continuar a merced de los explotadores minerales; que los corruptos sean merecedores de eficaces sanciones legales; que los acuerdos de La Habana merecen la implementación acordada; que los indígenas y líderes sociales son sujetos de derecho y de protección; que el campo es merecedor de riegos de agua y no de glifosato; que el presupuesto es de todos y no para cubrir los negocios non santos de los emporios financieros; que la educación pública es garantía de progreso para todos; que la equidad como principio, no es ajena al progreso que merecen los útiles empresarios y sus trabajadores; y que el pueblo contribuyente tiene derecho a una adecuada redistribución del presupuesto.

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