La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ipiales ha iniciado una investigación disciplinaria contra el alcalde municipal, Amílcar Pantoja, por una presunta violación de los artículos 111 y 112 de la Ley 136 de 1994. La indagación surge a raíz de posibles omisiones en la presentación de informes sobre comisiones oficiales realizadas en el extranjero.
El pasado 13 de diciembre de 2024, mediante oficio 034, la Procuraduría notificó al alcalde sobre la apertura del proceso en su contra. Sin embargo, Pantoja se abstuvo de comparecer, lo que llevó a que la notificación se realizara mediante edicto fijado el 3 de enero de 2025.

De acuerdo con la normatividad vigente, el artículo 111 de la Ley 136 de 1994 establece que un alcalde, antes de realizar un viaje oficial al exterior, debe obtener autorización del concejo municipal y presentar un informe previo sobre la comisión a realizar. Asimismo, el artículo 112 señala que, dentro de los quince días siguientes a su regreso, el alcalde debe entregar un informe detallado al concejo sobre el motivo de la comisión, su duración, costos y beneficios obtenidos para el municipio.

Al respecto, varios concejales de la denominada coalición independiente habían insistido en la necesidad de que el alcalde presentara informes sobre sus gestiones y los honorarios percibidos en sus viajes a España, la República Popular China y México. Sin embargo, según señalan las denuncias, Pantoja habría hecho caso omiso a estos requerimientos. A su vez, la mesa directiva del Concejo del período 2024 tampoco exigió formalmente el cumplimiento de estas obligaciones.

Como parte del proceso, la Procuraduría comisionó al abogado Luis Alberto Baca, profesional adscrito a ese despacho, para que adelante las diligencias necesarias con el fin de esclarecer los hechos.

En el marco de la investigación, el alcalde de Ipiales deberá presentar las pruebas pertinentes y argumentar las razones por las cuales no ha cumplido con lo estipulado en la Ley 136 de 1994. La Procuraduría continuará con el proceso para determinar si hubo irregularidades y, de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes.