Foto Voz de América

Ipiales, ciudad fronteriza en las alturas andinas del nudo de los Pastos, que, en conjunto con la ciudad de Tulcán, norte de la república del Ecuador,  pueden sumar aproximadamente trescientos mil habitantes. Esta región se encuentra a pocos kilómetros del océano Pacifico y de la región amazónica, una posición privilegiada y única, que no es aprovechada por la gente de bien ni la industria, todo lo contrario, quienes han visto las bondades y oportunidades han sido las organizaciones criminales.

La frontera colombo ecuatoriana en una extensión de 586 kilómetros más 200 millas mar adentro en el Pacífico, cerca de 300 kilómetros corresponden al departamento de Nariño, línea divisoria de la cual hacen parte seis municipios nariñenses con innumerables pasos al Ecuador.

Debido a la pandemia, se acabó la bonanza económica, los locales supercostosos del centro de la ciudad de Ipiales se encuentran cerrados, los pocos establecimientos agonizan con escasas ventas. 

Pero, por otro lado, han crecido las economías ilegales buscando aprovechar las circunstancias para ganarse unos dólares. Las denuncias son constantes en todos los sectores de la ciudad, las mafias están haciendo su fiesta con el tráfico de personas. Ahora los migrantes no se aventuran al viaje largo por el hueco mexicano para llegar a Estados Unidos, prefieren modestamente el sueño ecuatoriano de dólares fáciles y cercanos. 

Con el cierre del Puente Internacional de Rumichaca, se abrieron doscientos puentecitos a lo largo de la frontera, desde Tumaco hasta el Putumayo, por trochas, tarabitas, pasos, canoas, a lomo de mula, o simplemente atravesando el río a pie, pero todos pasan, de un lado al otro, con maletas, mercancía de toda clase, con el contrabando, o simplemente sin nada, apenas con la esperanza de encontrar una oportunidad de supervivencia en otro lugar.

El negocio de la frontera se ha diversificado, desde los mensajeros, mandaderos, guías, estafadores, cargueros, atracadores, violadores, hasta el más ingenuo se inventó un retén para cobrar el paso por su propiedad, o por cualquier camino, a los cientos de desesperados que buscan llegar a su destino por cualquier razón. 

Los medios informan de varias personas que han caído fatalmente al rio en su desespero de llegar al otro lado. Sin organismos de socorro que realicen la prevención, sin organizaciones humanitarias que apoyen a familias enteras que cruzan las montañas.

En esta semana ocurrió un hecho que pone en entredicho la capacidad institucional de las autoridades del Ecuador y Colombia. En esta oportunidad fueron tres niñas colombianas, entre 11 y 14 años, quienes atravesaron la frontera desde el vecino municipio de Cumbal y llegaron hasta la capital del Ecuador, sin que ninguna autoridad se haya percatado de su paso, seguramente las vieron, pero no hicieron nada, no preguntaron por su origen, situación, identificación, o destino.

De nada sirvieron las fuerzas armadas, ejercito, policía, migración, organismos de seguridad, transportadores, ni ciudadanía en general. Nadie se interesó en ellas.

Eran tres niñas que en su ingenuidad decidieron ir en busca del amor que se les había ofrecido por las redes sociales.

Los protocolos de migración tienen disposiciones claras y específicas sobre los procedimientos que se deben aplicar en los casos de niños que viajan solos por la frontera. Pero no funcionaron.

Fallaron todas las autoridades, comenzando por las instituciones educativas que también deben adoptar protocolos para la educación virtual, no solo para hacer tareas, sino también para orientar a los padres sobre el control y seguimiento del trabajo y el comportamiento de los jóvenes que pasan conectados durante largas horas del día, con graves riesgos para su desarrollo físico y mental. 

En cuanto al paso por la frontera, los dos países son responsables por todas las irregularidades que suceden en los diferentes pasos informales. La pandemia no es excusa, las autoridades no le pueden dar la espalda a una realidad que va en contra de todos los tratados internacionales y la legislación constitucional de los dos países, cada estado es responsable de su soberanía territorial, que se traduce en presencia estatal integral y vigencia de la ley. 

Desafortunadamente, Nariño no tiene autoridad política, administrativa ni de seguridad, son fronteras abandonadas, sin dios ni ley, y las pocas veces que ejercen la “autoridad”, lo hacen las fuerzas represivas para decomisar huevos o arroz.

Las autoridades de frontera deben revisar todos sus protocolos, no solo de salud sino las normas de la mal llamada “Buena Vecindad”, para cuidar los sagrados derechos de la vida, la honra y los bienes de todas las personas, sean nacionales o extranjeros, para que la frontera deje de ser tierra de nadie.

luisalfonsocabrera@yahoo.es

LOS HECHOS DE LA SEMANA

• HECHO ANTICULTURAL: 

   

  El alcalde de Ipiales, en contra de la cultura popular del municipio, sin consulta y sin dialogo alguno, ha manifestado que no va a organizar los Carnavales de fin y comienzo de año. Mientras las grandes carnavales y festivales del país han encontrado alternativas para su realización, en Ipiales no hay imaginación ni esfuerzo para apoyar a nuestros artesanos. No solo es una necesidad artística sino también una obligación social con nuestros artistas. Quedaran en la historia los dos alcaldes que atentaron contra la tradición del carnaval.