El derecho a protestar es un pilar fundamental de toda democracia y limitarlo o impedirlo es negar la misma democracia.

Por elemental lógica las protestas son más que incómodas para los funcionarios públicos que reciben las críticas y las exigencias de los manifestantes, pero para el pueblo históricamente olvidado y burlado, es la única forma de hacerse sentir vivo y con derechos.

Se trata de un derecho que la Corte Constitucional lo ha definido como ‘fundamental’ y que está estrecha y directamente unido a los derechos políticos y de libre expresión.

No se trata solamente de manifestaciones espontáneas del pueblo, sino que tienen esa protección Constitucional y legal que todas las autoridades y la misma sociedad deben respetar, incluyendo a la parte de la comunidad que no necesita o no le interesa protestar.

La protesta de este año es especial porque es una explosión social que une a sectores de la sociedad y la economía que de manera individual ya se habían expresado pero en protestas separadas.

Hoy por hoy, las jornadas de protesta son protagonizadas por los mismos campesinos que recibieron incumplimientos de los gobiernos para los acuerdos por el llamado “paro nacional agrario” de agosto de 2013 y marzo de 2014; por los estudiantes a finales de 2019 ante la insuficiencia del presupuesto que impide el derecho Constitucional a una educación superior gratuita; por las amas de casa que en el mismo 2019 se hicieron sentir de este gobierno con cacerolazos, por el alto índice de precios en la canasta familiar y los servicios públicos domiciliarios; por los indígenas que están acorralados por los homicidios selectivos de sus líderes y por los terratenientes que pretenden desalojarlos de sus tierras bajo la complaciente mirada del gobierno; por los camioneros que luchan permanentemente contra el canotaje, la desequilibrada fijación de fletes, la chatarrización y los costos de peajes; por los sindicatos que miran amenazados los derechos laborales que tienen raigambre mundial; por los educadores porque ese sector público sigue recibiendo el desequilibrio presupuestal; por los trabajadores que miran imposible percibir en vida su derecho pensional con la reforma planteada y vigente; por los profesionales y trabajadores de la medicina, y usuarios de la salud que miran una reforma comercial y no asistencial; por quienes entregaron sus armas acogiendo un acuerdo de paz mientras paulatinamente son objeto de homicidios impunes.

Y ahora, el estallido popular por el cansancio sobre un gobierno incapaz de representar a la nación, por el derroche público en temporada de pandemia, por el favoritismo en medidas económicas a favor de cercanos empresarios poderosos en época de cuarentena, por el  abuso en la burocracia, por la indiferencia sobre las víctimas de los incrementados masacres y desplazamientos, y la misma indiferencia por el abuso policial de 2020 en Bogotá; y la presentación de una reforma tributaria inequitativa a comienzos del presente año que a la postre fue la mecha que encendió la actual bomba social.

Estamos en una mezcla peligrosa entre las protestas que se alimentan con torpes e indolentes actos de gobierno, sumados con graves aportes de ilegalidad en la represión policiva que provocan la actual guerra urbana y una pandemia que proporcionalmente crece con contagios, muertes y crisis hospitalaria.

Lo malo no es que el gobierno desatienda una problemática sumada de causas viejas, sino que la agrava al negar los evidentes excesos de la fuerza pública, felicitando a sus miembros por una parte y dándole la espalda a las víctimas por otro, y al emitir el decreto 575 bajo estas circunstancias que motivaron la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

De igual manera cuando el presidente, su jefe y los miembros de su partido, colocan a los manifestantes en una misma canasta de condena con los vándalos que más daño hacen a la imagen de una legítima protesta.

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