La Junta Directiva de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, a través del Acuerdo 003 del 29 de agosto de 2025, decretó la aplicación de medidas especiales en la Unidad Municipal de Ipiales. La determinación se apoya en informes que evidencian presuntas irregularidades administrativas, financieras y misionales, mientras entre socorristas y voluntarios crece la inconformidad por la forma como se sigue manejando la entidad.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño decretó la aplicación de medidas especiales a su Unidad Municipal de Ipiales, luego de identificar presuntas irregularidades administrativas, financieras y misionales. La decisión, adoptada mediante el Acuerdo 003 del 29 de agosto de 2025, se sustenta en informes de seguimiento presentados entre octubre y noviembre de 2024 y en mayo y junio de 2025.

La decisión se adoptó luego de la visita de un auditor externo, solicitado por la Seccional Nariño a la Cruz Roja Colombiana Nacional, con el fin de que, mediante una auditoría forense, se establezca la situación administrativa y financiera de la Unidad Municipal de Ipiales.

La directiva departamental advierte que los reportes revelan riesgos persistentes que comprometen la sostenibilidad institucional y principios como la legalidad, la transparencia y la responsabilidad. Por ello, mientras la Junta Directiva Nacional define un reglamento para este tipo de procesos, la seccional nariñense determinó que, de manera preventiva, se adelantara una investigación disciplinaria interna por presuntas conductas no éticas en actuaciones administrativas contra la presidenta y/o los miembros del Comité Directivo de la Unidad Municipal.

Tras varios meses de seguimiento a la situación interna de la Cruz Roja en Ipiales, la Junta Directiva de la Seccional Nariño concluyó que existen riesgos que comprometen la sostenibilidad institucional. Los informes presentados en octubre y noviembre de 2024, y en mayo y junio de 2025, revelan presuntas fallas graves en la administración y en el cumplimiento de los principios que rigen la labor humanitaria. Por tal motivo, la Seccional decidió decretar medidas especiales con el fin de prevenir o frenar posibles violaciones de sus estatutos y de sus principios fundamentales.

En mayo de 2025, mediante el Acuerdo 001, la Junta ya había ordenado la disolución del Comité Directivo Municipal y la revocatoria de la representación legal que ejercía Paola Andrea Narváez Reyes. Esa decisión fue posteriormente revocada para garantizar el debido proceso y permitir que los señalados pudieran responder a las observaciones planteadas. Sin embargo, las nuevas evidencias recogidas en los últimos meses volvieron a poner de relieve situaciones que, a juicio de la directiva seccional, requieren una intervención urgente.

En el seguimiento se indaga un panorama financiero y administrativo alarmante. Los informes señalan pérdidas acumuladas que superarían los 117 millones de pesos y una drástica caída de la liquidez: de 142 millones en diciembre de 2024 a apenas 14 millones en abril de 2025. También se habrían suscrito contratos “ad honorem” que, según los reportes, encubrían relaciones laborales; además, se registran ventas de activos institucionales y la adquisición de préstamos sin la debida autorización, junto con el uso indebido de la razón social y del emblema de la Cruz Roja Colombiana. A ello se suma la falta de planeación financiera y estratégica y la posible existencia de conflictos de interés en procesos de contratación, así como negocios relacionados con la venta de lotes, automotores y otros bienes que aún no han sido plenamente esclarecidos, sumados a la desinformación en cuanto al manejo y puesta en funcinamiento de la IPS que anunciara su apertura en marzo de 2025 pero que presenta incongruencias en cuanto al personal que allí presta sus servicios.

Para la Junta Directiva de la Seccional Nariño, estos hechos no solo ponen en riesgo el patrimonio y la reputación de la organización, sino que también comprometen principios esenciales como la legalidad, la transparencia, la responsabilidad y la lealtad institucional.

El Acuerdo 003 establece la necesidad de reglamentar de manera provisional el Proceso Disciplinario No Ético en la Seccional Nariño, mientras la Junta Directiva Nacional expide un reglamento definitivo. Mientras tanto, la investigación se adelantará con base en el Código General Disciplinario colombiano y en las normas internas de la Cruz Roja que no sean contrarias a esa legislación.

El procedimiento busca esclarecer presuntas conductas no éticas en actuaciones administrativas que comprometerían a la presidenta y a los miembros del Comité Directivo de la Unidad Municipal de Ipiales. La directiva seccional aclara que, de confirmarse las irregularidades, el proceso podría culminar en la disolución inmediata del comité y en la revocatoria de la representación legal, tal como se contempló en el acuerdo de mayo de 2025.

Aunque la medida marca un paso decisivo, la Seccional Nariño aclaró que todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha designado un nuevo representante legal. El objetivo inmediato es garantizar un proceso disciplinario justo y documentado que permita determinar con precisión las responsabilidades.

Mientras el proceso avanza, la inconformidad entre los propios miembros de la Cruz Roja de Ipiales no cesa. Socorristas y voluntarios han manifestado su preocupación por el rumbo que ha tomado la administración local. En encuentros internos y comunicaciones dirigidas a la Seccional, señalan que persiste un manejo poco claro de los recursos, decisiones que no se socializan con el personal y una sensación de falta de transparencia que ha debilitado el ambiente de trabajo.

Algunos voluntarios expresan que esta situación no solo afecta la imagen de la institución ante la ciudadanía, sino que también puede limitar la capacidad de respuesta en casos de emergencia, justamente en un momento en el que la comunidad más necesita de una entidad fuerte y confiable. Para muchos de ellos, el proceso disciplinario es una oportunidad para recuperar la confianza y restablecer la misión humanitaria que caracteriza a la Cruz Roja.

La decisión de la Junta Directiva de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño abre un capítulo clave en la historia reciente de la organización en Ipiales. A la espera de los resultados de la investigación disciplinaria, la institución enfrenta el doble reto de proteger su credibilidad ante la opinión pública y, al mismo tiempo, atender las voces de sus propios voluntarios, que exigen claridad y respeto a los principios que han guiado por décadas el trabajo humanitario de la Cruz Roja en la región.