En líneas pasadas de esta virtualidad escribí lo que todos sabemos respecto a que la temporada biológica obliga a nuestros gobernantes a demostrar la capacidad y experiencia en tiempo de crisis. Aunque todas las medidas que aquellos decretan han servido para atacarlos o adularlos, a unos y otros, con evidente uso y sesgos electorales, lo cierto es que en el camino ya existen resultados que se convierten en los jueces imparciales sobre sus acciones y omisiones, y aciertos y desaciertos, en todos los niveles del territorio del país.

Contrario a lo diariamente aducido por el gobierno nacional, los colombianos no podemos estar tranquilos, por el contrario, porque ahora hay mayores anuncios de medidas que irrespetan gravemente las advertencias científicas de salud.

Desde el comienzo de la cuarentena hemos escuchado del funcionario nacional con voces vehementes y de aparente autonomía, advertencias a los ciudadanos sobre la irrestricta orden de encerramiento, acompañadas de serias amenazas sobre las consecuencias legales por su transgresión. Aquel había advertido que durante el tiempo que resulte necesario el aislamiento social, los menores de edad y “los abuelitos” del país, serían los más protegidos por tratarse de las poblaciones más vulnerables al contagio y la fatalidad del virus, respectivamente.

Pues con el paso de las semanas y contrariando los registros sobre morbilidad y mortalidad, quien detenta el cargo de presidente ha cambiado de parecer hasta anunciar que las actuales condiciones virales en el territorio del país, permiten el regreso casi que de inmediato a clases presenciales en colegios y universidades, mensaje que ha generado pánico y el rechazo de la gran mayoría de los padres de familia y docentes del país, al considerar certeramente que las condiciones generales de salubridad, por el contrario, cada día son más desfavorables conforme al diario ascenso exponencial de contagios y fallecimientos, aunado a la consecuente probabilidad de contagio de los alumnos, en un viaje de ida y vuelta entre sus casas y las instituciones educativas, estas últimas las que probablemente en su totalidad, no cuentan con las condiciones físicas y logísticas que requeriría la teórica “estrategia” educativa del gobierno.

Recuérdese además que desde el inicio de la cuarentena y desde que se concedieron “vacaciones” anticipadas a los colegios y universidades, estas instituciones, los docentes, los estudiantes y los padres de familia, han gestado tangibles esfuerzos personales, académicos y económicos, a fin de adecuar una educación virtual en búsqueda de menores traumatismos en el aprendizaje, ante las condiciones del encerramiento social obligatorio. Los estudiantes no pueden convertirse en medidores biológicos ante un seguro incremento viral que pudiera generar una eventual segunda cuarentena.

Y en los últimos días los protegidos “abuelitos” tampoco se libran de las nuevas “estrategias” presidenciales, cuando se les anunció la promulgación de una copia normativa internacional, sobre una atípica y curiosa figura para nuestro ordenamiento legal, la cual se ha denominado “hipoteca inversa”.

Cualquiera, sin ser abogado, conoce sobre el concepto de una hipoteca, sin embargo, se requiere de un sencillo análisis jurídico en búsqueda de los supuestos beneficios que el gobierno pomposamente anuncia con la importación de esa deformidad legal. Replica el gobierno con viva voz que se trata de un plan voluntario para el pago de una renta mensual vitalicia a favor de los adultos mayores “beneficiarios”, bajo la escogencia de una de tres condiciones temporales, que en su decir les permitiría a personas con edad mínima de 65 años, solventar sus gastos mermados por la crisis sanitaria del país.

Lo que a baja voz el Gobierno no repite es que cumplidas las condiciones previstas, el bien pasaría a formar parte del patrimonio del Estado, extractándolo así de la prenda general de acreedores y del acervo sucesoral, propio de todo quien tenga, por consanguinidad y la misma ley, vocación hereditaria, es decir, derecho a heredar.

Si bien los herederos, según el ministro de vivienda, tendrían la posibilidad para recuperar el bien del “abuelito” para ingresarlo a la masa herencial, aquellos quedarían sujetos al establecimiento previo de requisitos, incluyéndose otro ya posterior, en caso de cumplirse los anteriores, correspondiente a la obligación de restituir todas las mensualidades que el Estado haya erogado a favor de los causahabientes o “abuelitos” fallecidos.

En la práctica se trataría de una venta pactada a pago mensual y condicionado a la tenencia determinada o vitalicia de los cónyuges o compañeros propietarios –abuelitos–, sin que, a diferencia de la verdadera hipoteca, el inmueble garantice alguna obligación patrimonial de los dueños y sin la expectativa como regla para que el inmueble regrese al patrimonio de aquellos. Aquí se pudiera entender el perverso término “inverso” sobre la figura legal de la hipoteca.

Junto con estas medidas presidenciales hay otras como las adoptadas frente a la crisis laboral; empresarial de micro y pequeñas empresas; de la justicia que la cuarentena encontró tecnológicamente abandonada por el Estado; y de engañadoras iniciativas legislativas sobre cadena perpetua para violadores de niños y sobre la ley “antichancleta”; temas que ameritarían estudios y espacios individuales. El gobierno y muchos de los demás gobernantes, según dicen los científicos, deberían actuar como algunos de ellos lo han hecho, protegiendo a sus gobernados con las botas puestas y no sólo desde el confort de sus escritorios.    

Mientras tanto el virus se frota las manos por el hambre popular, la indisciplina cultural y las presiones que los poderosos ejercen al mismo tiempo sobre el presidente y el doctor Duque.

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