En abril de 2026, OpenAI, un estándar global para la creación de ChatGPT, presentó al mundo una propuesta titulada Política Industrial en la Era de la Inteligencia: Ideas para Poner Primero a las Personas. Esto es relevante porque no solo proporciona explicaciones para los cambios tecnológicos, sino que también esboza un enfoque de política pública que ayudará hacia un proceso más económico, social y democrático. En un momento en que la inteligencia artificial está cambiando todo, desde la productividad hasta el empleo y cómo creamos valor para el planeta, este documento servirá como un punto de referencia clave para gobiernos, instituciones y territorios, no para que respondan al cambio, sino para que lo anticipen.

Esencialmente, el desarrollo de la IA no es una garantía de bienestar general, argumenta la publicación. En cambio, sugiere que las ganancias podrían estar en manos de unos pocos, aumentando las divisiones sociales y territoriales en ausencia de un plan estratégico. Por lo tanto, hace un llamado a una nueva visión política como el principio sobre el cual deben integrarse tres elementos: difusión amplia de la prosperidad, mitigación activa del riesgo y democratización del acceso a la tecnología. Esta visión obliga a repensar el papel del Estado, el mercado y la sociedad en el diseño de una nueva forma de contrato social que atienda las demandas de lo digital.

Así, la inteligencia artificial se ve como una oportunidad transformadora que impulsará la innovación científica, aumentará la productividad, reducirá los costos de sectores vitales como la educación y la salud, y permitirá nuevas vías para los emprendedores. La nueva tecnología, entonces, como sugiere esta nueva visión, trascenderá la política económica a través de nuevos procesos para ser una fuerza de innovación y control, y como un nuevo conjunto de normas competitivas. También conlleva altos riesgos, incluida la automatización, el abuso en sectores vitales y la centralización del poder económico.

Añade que este tipo de desafíos requiere respuestas de política pública bien estructuradas y receptivas, anticipando cómo actuar sobre ellos. Este nuevo documento se convierte en un texto estratégico fundamental para países como Colombia y sus miembros regionales especialmente. Para regiones como Nariño, donde la infraestructura, el acceso tecnológico y las capacidades productivas no son eficientes estructuralmente, la inversión en inteligencia artificial no solo puede ser un obstáculo para quedarse atrás, sino también una forma de reajustar más de cerca con el tiempo las injusticias históricas. Los gobiernos locales y regionales, en este sentido, tienen la obligación de impulsar la adopción de estas tecnologías como parte de sus planes de desarrollo —estrategias de competitividad y agendas de innovación— de manera que aseguren el bienestar de su gente. En la medida en que se persiga una política territorial de inteligencia artificial, dependerá necesariamente de la mejora tanto de las capacidades institucionales como humanas. Esto podría incluir la formación de talento en universidades y laboratorios de investigación, así como la formación de ecosistemas de innovación que permitan a los emprendedores y empresas locales integrar la IA en sus negocios.

De manera similar, como parte de la transformación digital, la propuesta desea asegurar que el uso de infraestructuras/tecnologías digitales se distribuya equitativamente, para no exacerbar las divisiones ya presentes entre regiones. La política también subraya un punto central y profundamente importante para Colombia, por ejemplo, podrían ser la de fondos de innovación pública, asociaciones público-privadas, incentivos fiscales, acceso a capital para desarrollar proyectos tecnológicos e iniciativas de cooperación internacional. Este mecanismo de financiamiento debe estructurarse de tal manera que fomente iniciativas con el mayor grado de impacto social y económico (por ejemplo, productividad agrícola, turismo sostenible, educación digital, servicios de salud) en áreas económicamente desfavorecidas.

Otra sugerencia de la propuesta gira en torno a la construcción de estructuras de gobernanza con respecto a la utilización ética, segura y transparente de la inteligencia artificial. Esto significa para los gobiernos territoriales de Colombia no solo usar estas tecnologías, sino también establecer políticas y mecanismos de participación ciudadana que garanticen que su realización corresponda a las necesidades y valores de cada comunidad. Al mismo tiempo, para que los gobiernos adopten la IA en sus países, deben tener actores locales involucrados en el proceso de toma de decisiones.

El documento representa una hoja de ruta estratégica que señala la dirección de una era de la IA centrada en el ser humano. Para Colombia y todas sus regiones, significa una oportunidad para imaginar el futuro, crear nuevas políticas y movilizar recursos para aprovechar las posibilidades que surgen de la inteligencia artificial como una fuerza para el desarrollo territorial. Su implementación no debe percibirse como una elección, debe verse como el requisito esencial para no solo adaptarse al cambio, sino también hacer que las regiones emerjan como actores en la transformación económica y el cambio social del siglo XXI.

Por último, es un hito que la misma empresa tecnológica que ha impulsado la IA en diversos aspectos elabore un documento donde sugiere a los gobiernos cómo convertir la inteligencia artificial en factor de desarrollo económico, impulsado desde la implementación de políticas públicas, democratización de su acceso y fomento al crecimiento de los valores de la comunidad.

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