La evolución del derecho como ciencia hizo para la mayoría de los países del mundo moderno, que la retaliación social pierda vigencia para dar paso a la retribución a cargo de los Estados, la que incluye la consecuencia legal con proporcionalidad y límites. Uno de estos últimos consistió en convertir la responsabilidad penal en personalísima  –o intuitu personae, para el derecho privado- y, por tanto, sin posibilidad legal de trasmisión a los herederos del responsable, como sí ocurre en el campo civil del derecho -ámbito patrimonial-. Es decir, por los delitos de los padres no pueden ser condenados los hijos y viceversa. 

Lo anterior pude recordarlo luego de la polémica nacional sucedida con ocasión del nombramiento del doctor JORGE RODRIGO TOVAR, como Coordinador de la Oficina de articulación para las víctimas del Ministerio del Interior, siendo éste uno de los hijos del tristemente recordado jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, a. Jorge 40.

En honor al principio Constitucional de la buena fe no puede ser objeto de discusión los notables logros académicos que el nuevo funcionario adujo a su favor, en los momentos en que mediáticamente ha recibido diversos cuestionamientos por su paternidad. Debemos entonces creerle que es “un hombre de paz” y que tiene los suficientes méritos profesionales para ocupar el cargo en mención.

Podrá ser hijo de quien quiera pero precisamente no puede cargar el estigma de su padre, pese a que éste apenas está acabando de pagar la sanción impuesta por el gobierno estadounidense y le resta lo mismo frente a la justicia colombiana y a las miles de víctimas que sufrieron los graves delitos que aún se sienten en la región caribeña.   

En un país donde los procesos electorales son disfrazados de netos actos políticos, promovidos por varios partidos y diversos movimientos que en últimas se agrupan controversialmente en las dos viejas posturas ideológicas de izquierda y de derecha, siempre habrá las mutuas críticas frente a unos u otros funcionarios, dependiendo de la conveniencia coyuntural.      

No habría nada de malo en el nombramiento de los hijos de actores del conflicto, por el contrario, sería un ejemplo de paz si estos acreditan más que la idoneidad para un cargo, ser sujetos de convivencia y franca muestra de reconciliación con el país que sus familiares agredieron y, sobretodo, para tantas víctimas que siguen esperando del Estado el cumplimiento digno de sus elementales derechos.

Así como el país mira y ha mirado con perdón y en otros casos con resistencia a varios antiguos militantes de la persistente guerra interna, que con méritos propios se reconciliaron sinceramente con la nación, ocupando y ejerciendo notablemente altos cargos del ejecutivo y de elección popular en el legislativo y en las entidades territoriales, deberá aceptar que los hijos de otros antagonistas actores armados, no pueden heredar los delitos cometidos por sus padres, sino por sus propias conductas. El doctor Jorge Rodrigo Tovar deberá demostrar con la aparente humildad con que se ha dirigido al país, que no siempre un hijo de un tigre sale pintado.  

Considero que el error está en el obedecimiento presidencial para hacer el mencionado nombramiento, para un cargo que tiene que ver directamente con la contemporánea reparación a las víctimas que en un buen número le corresponden al padre del nombrado. Solventando el eventual impedimento funcional que habría en el doctor Jorge Tovar por la anterior razón, resta el impedimento ético y social para un gobierno que siempre ha negado la existencia de nuestro conflicto armado, pretende volver trizas el acuerdo entre el Estado y el viejo grupo subversivo, y ha tildado de “terroristas vestidos de civil” a aquellos que se reconciliaron con la nación pero que son sus contradictores políticos. ¿También pudieran existir actualmente cargos presidenciales para los hijos de estos últimos? 

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