Un tribunal de California en Estados Unidos, emitió el primer fallo en contra de Roundup, un herbicida elaborado con glifosato por los laboratorios gringos de Monsanto, el fallo dice que el producto contribuyó sustancialmente a generar cáncer en sus usuarios, por lo que la fábrica deberá pagar más de U$10.000 millones de dólares por los daños causados. Un bufete de abogados de Nueva York se encuentra actualmente negociando con más de 100.000 personas afectadas.

Mientras esto sucede en Estados Unidos, la Autoridad Colombiana de Manejos Ambientales ANLA, aprobó la modificación del Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato. Si bien las fumigaciones no serán inmediatas, el gobierno avanza en su propósito de usar el peor método para combatir estos cultivos.

Esta aprobación es uno de los requisitos que exige la Corte Constitucional al gobierno, en la sentencia T-236 de 2017, para reactivar la aspersión, requisitos elementales para cualquier tarea oficial, que nunca se habían tenido en cuenta:

Así lo confirma el ministro de defensa Diego Molano, quien dice que ahora sí se va a realizar la aspersión con precisión, que ahora no van a afectar los cultivos de pan coger, ni a los ríos ni a la gente.

Afirma el ministro que ahora si van a evaluar el impacto de las operaciones. Que ahora la fumigación solo será implementada en los cultivos extensos.

El ministro dice que ahora se realizará una fumigación automatizada, con un software, que los pilotos ya no tendrán discrecionalidad en la fumigación, que las válvulas van a estar programadas con coordenadas automatizadas con un reporte inmediato a un sistema central de seguimiento.

El ministro dice que ahora sí se regulará el químico con un 65% de agua y el 33% del herbicida con un componente para que caiga directamente a la hoja y no se disperse, y los sobrevuelos se harán con estudios de vientos.

El ministro insiste que ahora la Policía sí va a presentar informes al Consejo Nacional de Estupefacientes, para evaluar el impacto en la salud y lo ambiental. Y que ahora sí habrá un sistema de recepción y tramite de quejas.

En conclusión, lo que dijo el Ministro de Defensa, en representación del gobierno Duque, es que antes se fumigaba donde caiga, sin importar si eran cultivos legales, fuentes de agua, o poblados; que antes no se evaluaba, no se sabía si se cumplían o no los objetivos; todo se hacía al ojo, donde se le antojaba al piloto, no se presentaban informes, se usaba el veneno desproporcionadamente, nadie evaluaba, y no se aceptaban quejas ni existía trámite para los daños causados. Que ahora sí se va a fumigar racionalmente con el cumplimiento de la ley. Conociendo a este gobierno, seguro no se va a cumplir. 

Lo que sí es cierto es que todos los territorios colombianos con presencia de cultivos de uso ilícito, son regiones abandonadas, pueblos étnicos marginados, golpeados por la desigualdad social, la pobreza, el narcotráfico, el conflicto armado, el desplazamiento, la violencia, la pandemia y ahora las fumigaciones.

Esta es una situación histórica por la falta de presencia institucional del estado, que ha concentrado su burocracia en el triángulo de oro de la riqueza: Cali-Bogotá-Medellín, lo demás es monte.

El Estado debe combatir la ilegalidad con instituciones de educación, salud, trabajo, seguridad social, cultura, deporte, ciencia, etc., pero a la burocracia de Bogotá no le importan ni los indígenas ni los campesinos ni la naturaleza, para ellos es más fácil bombardear o fumigar esos territorios.

Finalmente, el departamento de Nariño tiene ya una larga tradición de procesos exitosos de sustitución voluntaria de cultivos, que tiene que hacerse valer para que no se agudicen los conflictos que de hecho ya son graves.

luisalfonsocabrera@yahoo.es