La plenaria del Concejo Municipal de Ipiales, realizada el viernes 22 de mayo, concluyó en medio de tensiones y con una votación absoluta dado el retiro de algunos cabildantes, durante el segundo debate del proyecto que pretendía modificar el Acuerdo 052 de 2025, relativo la modificación de las tarifas de alumbrado público. Aunque el trámite contó con el aval de la Comisión Segunda en su primer debate, la jornada estuvo marcada por desacuerdos internos y por la presión ciudadana desde las barras, donde la comunidad exigía la derogación del Acuerdo vigente.

El concejal David Almeida presentó la ponencia positiva, que inicialmente obtuvo el respaldo de siete cabildantes. Con el avance del segundo debate, cuatro concejales más se sumaron, conformando una nueva mayoría de once votos que aprobó un conjunto de reformas sustanciales al texto enviado por el alcalde Amílcar Pantoja. Esta nueva coalición evidenció un distanciamiento político frente a la administración municipal y mostró una reconfiguración de fuerzas dentro del cabildo, donde sectores que inicialmente habían acompañado al mandatario empezaron a marcar posiciones independientes.

    Desde el comienzo de la sesión, se hizo evidente la fractura interna del Concejo. Seis de los concejales expresaron su rechazo a la ponencia de Almeida Paredes, mediante la lectura de un comunicado conjunto, en el que señalaron que el documento que se iba someter a votación contenía “ambigüedades” y que las modificaciones introducidas por la Comisión Segunda habían alterado el “espíritu original” de la reforma al Acuerdo 052. El concejal Iván Darío Chalaca Díaz reforzó esta postura al afirmar que “el proyecto ya no era el mismo”, lo que profundizó aún más la tensión entre los dos bloques en disputa.

Tras la lectura Chalaca Díaz manifestó la decisión de retirarse de la plenaria, lo siguieron los concejales Leidy Solarte, Adrián Guerrero y Liliana Patiño Rosero. Más tarde, luego de participar en la discusión, en medio de abucheos de la comunidad presente,  los concejales Camilo Obando Hidalgo y Edmar Rosero Estupiñán, se retiraron posteriormente. La salida de este grupo de concejales dejó en evidencia la pérdida de cohesión en la bancada que inicialmente respaldaba el proyecto original. fueron cinco los ausentes en el momento de la votación

El concejal Lisandro Chamorro tomó la palabra y presentó un paquete de proposiciones que resultó determinante para la cohesión de la nueva mayoría. Estas proposiciones introdujeron ajustes al articulado, entre ellos la redefinición del alcance del impuesto de alumbrado público en el municipio, la modificación de las tarifas contempladas en el artículo 246 del Acuerdo 032 de 2018, la depuración de artículos del Acuerdo 052 de 2025 considerados innecesarios o incoherentes y la incorporación de un nuevo artículo relacionado con los recaudadores del impuesto. Con estos cambios, la coalición mayoritaria argumentó que se lograba un marco normativo más claro, actualizado y ajustado a las condiciones reales de prestación del servicio.

La aceptación de estas proposiciones permitió destrabar el proceso legislativo, generó consenso entre los once concejales que permanecieron en el recinto y allanó el camino para la aprobación final del proyecto. La decisión fue interpretada por diversos sectores como una señal de independencia frente a la administración municipal y como un mensaje político de que el Concejo buscaba asumir un papel más protagónico en la definición de políticas fiscales relacionadas con los servicios públicos.

La aprobación del texto reformado significó que el proyecto superó los dos debates reglamentarios y quedó listo para pasar a sanción del alcalde Amílcar Pantoja. Una vez firmado, se convertirá en Acuerdo Municipal y entrará en vigencia, reconfigurando nuevamente el esquema del impuesto de alumbrado público en Ipiales. Sin embargo, existe la posibilidad que al no estar de acuerdo el burgomaestre decida no sancionar el acuerdo, volverlo al concejo para una nueva modificación.

Con esta decisión, el Concejo dejó abierta la expectativa sobre una posible revisión más profunda del sistema de cobro del alumbrado público en el futuro, al tiempo que reafirmó su capacidad de deliberación y su autonomía política en un momento de creciente debate social sobre la tarifa y la legitimidad del tributo.