Me refiero al contrato No. 1043 de 2020 para cuya ejecución el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones -MinTIC-, a finales del año pasado lo asignó a un grupo de empresas cuyos accionistas lo denominaron “Unión temporal Centros Poblados”.

El objeto de ese controvertido contrato corresponde a la cobertura de internet para estudiantes de instituciones públicas en 16 departamentos, incluyéndose a Nariño, por un costo total de más de un billón de pesos, es decir, más de un millón de millones de pesos.

Teóricamente se trata de cubrir en época de pandemia, una imperiosa necesidad para un considerable sector de la población estudiantil de sectores rurales del país, cuyo proceso licitatorio también tiene aroma a favorecimiento electoral y con grave irregularidad, además, al ser otorgado con una póliza de garantía que ya ha sido catalogada como falsa.

No obstante, la agrupación beneficiaria recibió como anticipo algo más de esos 70 mil millones de pesos, su recuperación al momento es remota, pese a que ya fueron ubicados contablemente entre dos cuentas bancarias de Estados Unidos y nuestro país.

Posiblemente otras noticias alternas del país y del mundo han opacado el impacto de ese nuevo suceso contractual, pero no por ello deja de ser grave, y no tanto por las repercusiones económicas para el erario sino porque, en poco, será otra noticia que pasará a los anaqueles del olvido social y, sobretodo, de la tolerancia pública por la costumbre que el electorado tiene sobre nuestra fauna de dirigentes, quienes conocedores de sus faltas, saben que será otro escándalo que se desvanecerá en el tiempo para recibir en seguida los votos que nutren su poder económico y burocrático en sus empresas electorales.

La Ministra involucrada ha dicho que corrige la situación con haber declarado la caducidad del contrato -solución en entredicho-; por la denuncia fiscal; y por el retiro de funcionarios que intervinieron en la contratación y del interventor -quien tenía previsto ganar por su “vigilancia contractual” la suma de 19 mil millones de pesos-.

No obstante, se trata de medidas hechas para el oído del público con una guillotina para brujas de mostrar y con un Contralor, Procuradora y Fiscal que no son garantía funcional porque se muestran como otros ministros del gabinete del actual gobierno.

Me pregunto: ¿de qué estamos hechos los colombianos cuando soportamos abusos de poder, actos de corrupción y a los corruptos, y aún peor, terminamos alcahueteándolos en las urnas?

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