Y a Ipiales, diferentes estudios sociales lo catalogan como un puerto internacional de Trata de Personas, donde se comercializan mujeres con destino a los mercados de la prostitución del sur del continente. Eso explica el desproporcionado número de prostíbulos en la ciudad.

La asamblea general de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito internacional de lesa humanidad que vulnera la dignidad de las personas. Las Naciones Unidas también elaboró el Protocolo de Palermo del año 2000, como un instrumento legalmente vinculante para los estados, con el fin de fortalecer la investigación judicial y la protección a las víctimas.

Vale la pena resaltar que el consentimiento de la victima de trata de personas no exonera de responsabilidad a los delincuentes, con mayor razón si se trata de menores de edad, teniendo en cuenta que el mayor número de víctimas son mujeres y niños.

En el pasado se conocía, a este delito, como trata de blancas, porque se configuraba sólo si la víctima era una mujer blanca, -si eran mujeres africanas era legal-. Hoy esa distinción no existe, todos los seres humanos deben ser tratados con respeto a su dignidad sin ninguna clase de diferenciación.

Generalmente en estas fechas se gastan millonarias sumas de dinero para imprimir afiches, realizar videos, cuñas, folletos, libros, reuniones, conferencias, etc. pero muy pocas veces se invierte en proyectos productivos o de reconversión laboral en los sectores más pobres de las comunidades, especialmente en las ciudades fronterizas, en donde existe mayor riesgo para las víctimas.

En primer lugar, es una obligación de los Estados enfrentar la pobreza que sufren numerosas familias, para que los padres e hijos no se vean obligados a acudir a trabajos de alto riesgo para sobrevivir. Se deben tomar las medidas para que los niños, niñas y adolescentes terminen toda su educación, para que tengan oportunidades ante la vida. Con una educación pertinente en contra de la discriminación a la mujer, que fortalezca su empoderamiento, que promueva la equidad de género y derrote el pensamiento machista.

Les corresponde a las autoridades de policía y de justicia, mejorar sus mecanismos de investigación para judicializar a las estructuras criminales que se lucran del ilícito de trata de personas. Las estadísticas muestran que la judicialización casi es inexistente frente a un delito tan protuberante y muchas veces tan visible.

En cuanto a nuestro municipio, diferentes estudios sociales catalogan a Ipiales como un puerto internacional de Trata de Personas, en donde se comercializa mujeres con destino a los mercados de la prostitución del sur del continente. Eso explica el desproporcionado número de prostíbulos en la ciudad.

Hasta hace poco, la prostitución en el Ecuador y en el Perú, en un 70 % era ejercida por mujeres y niñas colombianas, engañadas con mil promesas para terminar explotadas en antros de mala muerte en esos países, reclutadas en las grandes capitales, Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia. Ciudades donde la riqueza se concentra en pocas manos, mientras la miseria se multiplica. En la actualidad, la prostitución de mujeres venezolanas ha desplazado a las trabajadoras sexuales colombianas, otra problemática que necesita atención de las autoridades.

La sociedad ipialeña y las autoridades se ha acostumbrado a la prostitución, mojigatamente cierran los ojos ante un drama humano, se ha aceptado la prostitución como algo irremediable, hemos normalizado la vergüenza y el dolor ajeno.

La anterior administración municipal logró cerrar cinco prostíbulos del centro de la ciudad. Medida importante, pero no suficiente. Le corresponde a la alcaldía actual crear políticas de protección a la mujer con proyectos educativos, productivos, de salud, de seguridad, de protección a nuestras niñas. Ojalá el próximo año esta fecha se convierta en un día para informar resultados, no solo para dar mensajes.

Es claro que la pandemia ha agudizado la pobreza de las familias, como consecuencia habrá aumento de la prostitución y de la trata de personas, le corresponde al municipio implementar planes sociales de prevención, con apoyo a las familias, con tarifas de servicios públicos gratuitas para los más pobres, con proyectos productivos para las mujeres más pobres, con paquetes educativos gratuitos para las niñas, entre otros.

Este delito demuestra que la esclavitud no se ha terminado, y que la inteligencia humana, por más desarrollada, científica y tecnológica, no ha podido acabar con la ambición de los delincuentes ni con la discriminación contra la mujer.