A finales de 2001, el doctor Antanas Mockus, adaptó y adoptó para Bogotá medidas administrativas de protección para menores de edad, por los altos índices de delincuencia juvenil, prostitución y consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, que hacían -y hacen- de la capital otro flagelo de criminalidad difícil de erradicar.

Esas medidas consistieron en rescatar de las calles a los menores que por ellas deambulaban por rumba, abandono y mendicidad y los ubicaron en albergues temporales donde recibían la protección institucional con un tratamiento psico-físico, previo a la entrega con compromisos a sus familiares o acudientes o para los procesos de adopción por el instituto de bienestar familiar, en caso de situación de abandono.

Finalmente, luego de las injustas críticas al mencionado exalcalde, con tinte de revanchismo electoral, sus acciones se generalizaron por todo el país y en alguna ocasión, nuestro municipio adecuó el acto administrativo mockusiano para nuestras condiciones y circunstancias, generándose un decreto con las mismas causas y tendiente a los mismos objetivos pretendidos en la capital del país de ese entonces.

Aunque no alcanzó a convertirse en política pública municipal, el decreto con su objetivo unificó funcionalmente a dependencias de la alcaldía municipal, algunas entidades descentralizadas, la Comisaría de familia, el Cuerpo de bomberos y la Policía de infancia y adolescencia.

Fueron pocos los años, lastimosamente, en los que de manera articulada se consiguió accionar contra amenazas y vulneraciones de los derechos infantiles.          El objetivo se miró desde el contacto institucional que hubo entre las entidades oficiales y los padres de familia, que por acción u omisión, habían permitido que sus hijos menores hagan parte de las ebrias y peligrosas calles ipialeñas.

Las estadísticas mostraron importantes avances en la tarea preventiva a favor de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Fueron muchas las satisfacciones por los encuentros entre padres indolentes e hijos huérfanos de amor y cuidado. También quedarán grabadas en la memoria sobre dos jóvenes adolescentes que luego de su captura en flagrancia por hurto, en medio de su precoz estado de embriaguez alcohólica y alucinógena, habían visitado la reciente tumba de un primo suyo que se había convertido en su ídolo: “guacho”, como la policía y en su mundo se conocía, en una época cuando los delincuentes actuaban con suficiente respeto por la luz del día y los espacios concurridos, algo que hoy los cacos de la calle han perdido.

De aquellas acciones institucionales que son una parte olvidada en los archivos del municipio, quedarán las fotografías de algunos de los padres que registraron sus expresiones de gratitud y, en otros casos no pocos ni menores, los daños materiales que hubo en puertas, chapas, ventanas y techos de los albergues, como señales y recuerdos de los instintivos actos de libertad por jóvenes que mostraron signos de rebeldía ante la ayuda estatal y, al mismo tiempo, gran habilidad para generar sus fugas sin herramientas a su alcance.

Nuestras sociedades exigen seguridad y el gobierno nacional responde con medidas legislativas de aumento de penas, cuando la solución no está en actos  populistas ni en una congestionada y muchas veces inoportuna justicia, generadoras de la impunidad que algunos sólo critican contra sus opositores, sino en políticas públicas preventivas con la ejecución de una coherente política criminal que mitigue las causas que convierten a los niños y jóvenes en los ladrones de hoy y los potenciales criminales de mañana.

Nuestros gobernantes y cuerpos colegiados deberán entender y atender, que por encima de las obras de ladrillo y cemento, que además de ser en muchos casos base de contratos cuestionados por ser fuente de enriquecimientos ilegales y de satisfacción egocéntrica por la ubicación de placas con los nombres de sus promotores, están unos seres humanos, existe un tejido social y una sociedad entendida como el núcleo de personas que al otorgar sus votos hambrientos, aspiran a contar con su derecho para tener las condiciones de vida prometidas en las sucesivas campañas electorales. 

asesoriayderecho@hotmail.com