A través de la circular 009 de 2019, el Procurador General de la Nación, instó a los candidatos a las alcaldías del país, tener en cuenta en la formulación de los programas de gobierno de cada localidad, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), con el objetivo de desarrollar programas y proyectos de largo y mediano plazo en búsqueda del crecimiento económico y social de cada municipio.

En ese documento, el Ministerio Público expresó que los planes de desarrollo constituyen la materialización de los programas de gobierno para los alcaldes electos y que su trascendencia radica en que en esa armonía “se concentran las fuentes y la utilización de recursos económicos que permitirán las inversiones sociales y económicas de corto, mediano y largo plazo”.

Los programas de gobierno se presentan como requisito para la inscripción de ciudadanos que aspiran a los cargos de gobernadores y alcaldes. Se trata de un documento que debe ser elaborado con base en un diagnóstico social, presupuestal y físico, contentivo de unos objetivos, acciones y estrategias, para generar finalmente condiciones de bienestar en el conglomerado que aspiran tener durante su mandato.

Si bien, un programa de gobierno es, en principio, una formalidad para cumplir con la oficial postulación de candidato a un cargo de elección popular, en la práctica se constituye como un compromiso que el candidato adquiere inicialmente con sus electores y posteriormente con toda una ciudadanía, con independencia de su afinidad política.

Un programa de gobierno además de ser ese compromiso que vincula a un candidato con sus electores, asume categoría institucional cuando se convierte en el plan de desarrollo para el municipio que lo eligió como su alcalde: Deja de ser un atractivo proyecto electoral de un candidato, para convertirse en acciones de política pública, tendiente al cubrimiento de las necesidades insatisfechas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en cabeza del mismo personaje pero ya como funcionario público y ordenador del gasto.

Tal vez los electores desechamos el conocimiento de ese compromiso social y de sus efectos legales, cuando en el lapso de gobierno resulta incumplido un programa de gobierno que sirvió en época electoral, como argumento de los discursos de campaña para captar los votos necesarios en las pretensiones electorales.

Al terminar la temporada electoral con la realización de los comicios respectivos, culmina la fase ardua de las campañas y el cansancio mental para toda una ciudadanía harta de mentiras y verdades e hipocresías y ofensas, para dar paso a una temporada más larga y delicada: La fiscalización social sobre las acciones y omisiones del gobernante elegido y, para ello, la ciudadanía tiene sobre él una excelente herramienta, consistente en el programa de gobierno que deberá plasmarse en el plan de desarrollo, conformado como los lineamientos que la primera autoridad administrativa debe respetar y cumplir.

Debemos saber que la calificación de la gestión de un alcalde al culminar su período Constitucional, debe hacerse sobre la verificación del cumplimiento o incumplimiento de sus compromisos plasmados en ese plan de desarrollo y no sobre obras y construcciones que pudieran convenientemente ser realizadas, estando por fuera de ese documento.

Los ciudadanos igualmente debemos evaluar lo pomposo de las llamadas obras de ladrillo y cemento, que, si bien sirven a una ciudad, lo trascendental es generar el bienestar sobre el tejido social, a través de proyectos generadores de seguridad, salubridad, ecología, convivencia y de recursos económicos, como base de la calidad de vida que a diario anhelamos.

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