El miércoles de esta semana, los presidentes Luis Lacalle del Uruguay y Mario Abdo Benítez del Paraguay, se reunieron en Punta del Este, para hacer un convenio que en nuestro continente parecía imposible. El presidente uruguayo le ofreció al de Paraguay su territorio en la costa para que pueda sacar sus productos a la exportación.

Mientras en el Sur los gobernantes buscan amistosamente soluciones a sus problemas, cediendo en sus intereses, otra cosa sucede en Colombia y la región. Por una parte, el torpe gobierno del personaje que puso Álvaro Uribe en la presidencia, le apuesta a perder y a hacer el ridículo en el vecindario.

Primero le declaró la guerra al gobierno venezolano, luego apoyó la campaña de Trump en Estados Unidos y últimamente, se le ocurrió atacar la campaña del candidato ganador a la presidencia del Ecuador, a través de un fiscal culipronto, que muy obediente, llevo chismes en contra de Andrés Arauz.

Para rematar las pésimas noticias, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en desarrollo de las investigaciones del Caso 03, sobre “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, ha demostrado que mientras la Fiscalía General de la Nación dice que entre los años 1988 a 2014, en Colombia se presentaron 2248 victimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”.

La JEP reveló que solamente entre los años 2002 y 2008 se habrían presentado 6.402 casos, años de gobierno de Álvaro Uribe, con el 78% de las victimas totales, el mayor número de muertes, con la posibilidad de incrementarse por las revelaciones que se siguen recibiendo.

Además, existe un subregistro, como el de los numerosos casos de los excombatientes de las FARC, ejecutados después de su desmovilización, los casos en poder de la Justicia Penal Militar no reportados, muchos clasificados como desaparición forzada, y los que todavía están bajo investigación de la Fiscalía. Circunstancias que evidencian la inoperancia de la justicia, que apenas había reportado una tercera parte de los casos.

Ante la información de la JEP, las organizaciones sociales solicitan que las versiones de los declarantes sean públicas, que las investigaciones prioricen la responsabilidad de los altos mandos militares y de políticos, que se proteja a los testigos que están siendo presionados para que modifiquen sus versiones, y que se investigue la posible permanencia de esas estructuras criminales, además de una doctrina militar que propicia y justifica estos crímenes de lesa humanidad.

La patria debe vestirse de luto; no podemos acostumbrarnos al dolor y la masacre. se debe declarar un día nacional de la vergüenza, por la clase dirigente que maneja el poder en nuestro país, entre autoridades civiles, fuerzas militares y empresarios que patrocinaron, promocionaron, coordinaron y ejecutaron este genocidio de miles y miles de hermanos colombianos, todos en estado de indefensión.

Las fuerzas armadas, herederas de la espada de la independencia, han manchado toda la historia de la institución, sus símbolos, su uniforme y han perdido el norte de su misión primordial de defender al pueblo, la democracia, la constitución y las leyes. Se han convertido en el enemigo que tanto dicen combatir.

En la Segunda Guerra Mundial, un personaje siniestro como Adolf Hitler, invadió y combatió a países vecinos, intento eliminar pueblos enteros, con el pretexto de defender su nación a la que consideró superior. En Colombia el terror es mayor: personajes peores usaron las armas de la República para exterminar al propio pueblo, a la democracia y a las instituciones.

En los colegios y universidades se debe implementar la Catedra de la Vergüenza, para que se conozcan estas dolorosas páginas de la historia nacional, para que tanto dolor no quede en el olvido y para que las presentes y futuras generaciones recuperen la dignidad de la nación.

Luisalfonsocabrera@yahoo.es