En la prolongada manifestación social del país surgió algo que mereció el aplauso de muchos y el reproche de otros tantos: la presencia y participación de la guardia indígena en algunas marchas masivas en Bogotá y en otras capitales.

 Desde la creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, en 1999, más conocido como el Esmad, los colombianos nos acostumbramos a mirar a estos uniformados con sus característicos trajes negros y accionando sus fusiles lanza gases, las granadas de aturdimiento y generosamente los bolillos sobre los manifestantes, pacíficos o no.

Desafortunadamente ya se ha hecho común la presencia de heridos y hasta víctimas mortales, de lado y lado, como consecuencia de mutuos excesos y la falta de respeto hacia los derechos de quienes pretenden expresarse pacíficamente y de quienes no quieren protestar.

Pero el pasado 4 de diciembre las marchas y manifestaciones sociales (que aún perduran), se vieron acompañadas por hombres sin uniformes rígidos y armados solamente de valor y con sus característicos bastones de mando, quienes hicieron presencia desde varios resguardos del país, principalmente del norte del Cauca. Contra muchos pronósticos, esas manifestaciones iniciaron, se desarrollaron y culminaron bajo la convivencia pública y pacífica que requiere el ejercicio de ese derecho Constitucional.

Fue llamativo observar que los voluntarios integrantes de las ancestrales guardias indígenas, se apostaron a lo largo de las manifestaciones con el objeto de blindarlas de quienes aprovechan la situación para hacer vandalismo, con un resentimiento social contra las instituciones públicas, privadas y las mismas autoridades, protegiendo igualmente los expuestos establecimientos de comercio sobre los recorridos, y de otra parte, para garantizar a los manifestantes el ejercicio de sus derechos sin que sean turbados por los excesos oficiales. Todo se cumplió sin la participación del Esmad.

Independientemente a las diversas posturas sobre la actuación del Esmad frente a todo tipo de protestas, y de la legitimidad de las guardias indígenas sobre territorios ajenos a sus resguardos y culturas, lo cierto es que los colombianos pudimos verificar que sí es posible ejercer tanto el derecho a expresarse pública y masivamente en paz, y el deber de controlar por quienes lo desarrollan bajo los protocolos legales.

Es cuestión de ejercer una función policial bajo la autoridad que recíprocamente se adquiera de los manifestantes por el respeto que éstos reciban de sus controladores y el control que las otras autoridades y la misma sociedad hagan sobre la actuación del Esmad. Las protestas no son admisibles cuando se desarrollan con abusos, como tampoco es tolerable la fuerza pública cuando aquellas no se controlan sino que se reprimen.

Las guardias indígenas nos enseñaron que el poder de control no está en la fuerza bruta, sino en la autoridad que legítimamente se gane sobre la sociedad.

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