Al escribir esta columna lo hago con tristeza y rabia. Tuvimos un sueño de paz que duró mientras se firmaron los acuerdos de La Habana en Cartagena y el teatro Colón de Bogotá en 2016, hasta cuando sus enemigos al recuperar el mandato, empezaron literalmente a volverlo trizas a su conveniencia.

La última noticia sobre orden público no es otra de las masacres y los homicidios selectivos -que ya no sorprenden a la sociedad y menos al gobierno-, sino otra vez la muerte de niños en un bombardeo militar, como la ocurrida en agosto de 2019 que gestó la renuncia forzada del entonces ministro de la defensa, Guillermo Botero.

Muy lejos de reprochar las acciones militares contra grupos armados ilegales, porque son legítimas en la Constitución, no me cabe en la cabeza un acto criminal peor del que se pretendió contrarrestar y más cuando el actual Ministro de la defensa, calificó de “máquinas de guerra” a los potenciales menores de edad muertos en el bombardeo militar de Calamar -Guaviare- el pasado 02 de marzo.

Desde la regulación de los conflictos internacionales e internos, luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados del mundo se sometieron a unas reglas que limitan los combates y sus medios de acción, extractando de sus efectos entre otros a la población civil y de ésta a los menores de edad. Estas reglas se conocen como los Convenios de Ginebra y sus protocolos que desde 1949 se conforman como la base del Derecho Internacional Humanitario -DIH-, el que pretende humanizar las consecuencias de la guerra.

Lo que pasó en el Guaviare no puede quedar como otra noticia de nuestro conflicto, porque está de por medio el uso de la fuerza pública sin los protocolos del DIH, importantes para que las acciones del Estado sean legítimas y no reciban futuras condenas judiciales internas del Consejo de Estado e internacionales derivadas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

No se trata, solamente, de un juego de palabras y trinos entre el gobierno y la oposición, sino del clamor nacional por el respeto a las normas internas como el artículo 44 de nuestra Constitución Política y el Código de la infancia y la adolescencia que ubican a los menores de edad como fuente de imperiosa protección por todas las instituciones del Estado -incluido el ejército nacional-, las familias y la misma sociedad, como la vida, la salud y la integridad física, entre otros de los derechos fundamentales a favor de la población infantil.

Muy lejos de las explicaciones exculpativas del Gobierno y los altos mandos militares, uno de los expertos del tema, Walter Arévalo Ramírez, Secretario General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesor de Derecho internacional de la Universidad del Rosario, explica sobre ese bombardeo que “por el mero hecho de ser miembros de las FARC no pierden la protección humanitaria en ese momento, por lo que usar fuerza letal, como bombardeos, violaría el principio de proporcionalidad, necesidad, distinción y protección especial de menores, como se aplicaría a otro tipo de poblaciones que tampoco deberían ser involucradas en las hostilidades, por ejemplo no se bombardearía un campamento de las FARC donde hay secuestrados” (Revista Semana digital).

Dijo el mencionado académico que la situación sería diferente contra los menores en guerra, cuando éstos hagan parte de un acto inminente y actual de agresividad bélica, situación que legitimaría la acción y reacción de la fuerza pública al ser diversa a la postura pasiva de menores presentes en un espacio durante un bombardeo militar.

Desde esta óptica del derecho Constitucional nacional y mundial, los menores de edad involucrados en el conflicto por la fuerza, con engaños y hasta con aparente voluntad, son víctimas del delito de reclutamiento forzado y no deben ser revictimizados con acciones militares creadas con legitimidad contra los adultos que hacen parte de uno de los actores de nuestro conflicto. En la práctica, unos esclavizan a los menores y otros los convierten en blanco de las bombas.      

Las reacciones oficiales tienden a desacreditar a los críticos como si éstos defendieran la criminalidad organizada y atacaran a la fuerza pública; y, ¡no! Pedimos que nuestras fuerzas cumplan con su deber, manteniendo la potestad de la autoridad que les deriva la Constitución y que las diferencia del hampa, bajo la práctica de las reglas del derecho y no solamente en los micrófonos. El Estado debe estar por encima de los criminales y no debe ubicarse por debajo de éstos con el uso ilegítimo de la fuerza, so pretexto de combatir la criminalidad. Los que violan la ley, son los delincuentes.

asesoriayderecho@hotmail.com