ecuatoriana; y de enero a septiembre de este año, ya se han registrado 6.698 personas de nuestro país vecino que han traspasado la frontera con Panamá, registrando los picos más altos durante los meses de agosto, con 1,581 personas, y septiembre con 2,594 personas, una cifra significativa que nos lleva a alertar sobre los riesgos que corren estas personas migrantes”.

De otro lado, los datos del Ministerio del Interior de la república del Ecuador señalan que solo en agosto del presente año 12.252 ecuatorianos abandonaron el país a través de la frontera con Colombia, en la que solo basta presentar el documento de identificación para cruzar al país.

“Desde la Defensoría del Pueblo de Colombia convocamos a los países de tránsito y de acogida a generar y articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana; garantizando una migración digna, segura, ordenada y regular”, exhortó el defensor del Pueblo de Colombia.

Es por este aumento en el número de migrantes que el Defensor del Pueblo hace un llamado a las entidades estatales de los países latinoamericanos a que adopten políticas públicas que desincentiven la migración irregular. De la misma forma, el funcionario del estado colombiano, reiteró la importancia de que todos los países garanticen una migración ordenada, Segura y en condiciones de dignidad humana.

El encuentro entre los Defensores del Pueblo de los dos países se tuvo lugar el lunes 24 de octubre en una de las carpas que desde la época de la Pandemia permanecen instaladas en la parte colombiana a un lado del Puente Internacional Rumichaca del Municipio de Ipiales en el Departamento de Nariño.

En Horas de la tarde el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo se desplazó hasta la s instalaciones del colegio San Felipe, en Ipiales, para rendir el Informe Defensorial sobre situación de Derechos Humanos de los Pueblos Étnicos Transfronterizo, y socializar la iniciativa legislativa para la garantía de binacionalidad a los pueblos étnicos de frontera, con el que se espera que los miembros de las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales, que ocupan territorios fronterizos, sean reconocidos como ciudadanos binacionales.