Nuestra historia nacional registra que a mediados del siglo XIX los colombianos se mataron entre sí por defender los trapos rojos y azules. Para esa época, se puede decir que, hubo ideales políticos por defender, correspondientes a las consignas tradicionales de la propiedad y la familia y a una dependencia estatal a la iglesia Católica, por parte de los Conservadores, a dogmas progresistas basados en los principios de libertad  e igualdad de la revolución francesa y la separación de la Iglesia y el Estado, por parte de los Liberales.

Con el paso del tiempo la misma historia demostró que desde mediados del siglo XX, esas guerras dejaron de tener como actores a los mismos apasionados integrantes de los dos partidos políticos tradicionales, para ser luego entre el pueblo raso y sindicalizado (unidos en las llamadas “Sociedades democráticas”, y los líderes poderosos de los mismos dos partidos tradicionales (aglutinados en latifundistas, industriales y comerciantes) que convenientemente se unieron contra el pueblo que en otrora ambos partidos dijeron defender. Los líderes de los trapos rojos y azules dejaron sus diferencias teóricas y de ser acérrimos enemigos pasaron, por intereses propios, a ondear sus banderas en el mismo lado para mantener los particulares privilegios que ya habían adquirido (Frente nacional). Para esta época ese pueblo desplazado de sus derechos conformó “Las Repúblicas independientes” que en poco se reemplazaron por las guerrillas que fueron alimentadas doctrinariamente por las influencias internacionales de la entonces U.R.S.S. y Cuba.         

Hoy en día, la polarización ya no está ubicada en los partidos tradicionales que convenientemente se fraccionaron luego de la Constitución de 1991, sino que se dice la división política está entre la derecha y en la izquierda del espectro político de nuestro país, e igual, como en el siglo pasado, el pueblo elector usado por fuera de los privilegios de quienes detentan el poder económico y por tanto del poder político del país. Ojalá fuera esto cierto y las consecuencias de esa divergencia fueran diferentes, por lo menos no tan graves para nuestra nación.

Mantener el manejo del poder público para sostener las preeminencias económicas ha sido y es el objeto verdadero detrás de los discursos siempre adornados de palabras elocuentes a la democracia y la honestidad. Hoy por hoy, los dogmas y los principios políticos que en antaño hasta motivaron las, antes mencionadas, guerras civiles por los trapos rojos y azules ya no son causa de ningún conflicto sino la estigmatización de ser proclive a las fuerzas de guerra de derecha o de izquierda, siempre tendientes a mantener o asumir el manejo del Estado.

Si bien seguimos en una dualidad de posturas igualmente defendidas con las mismas armas de fuego y ahora con el fanatismo caudillista transportado con la facilidad y eficiencia por las redes sociales, lo más grave son los otros medios utilizados para ganar esos conflictos: La guerra sucia del uso de personal militar y medios técnicos del mismo Estado en la intercepción ilícita de medios masivos de comunicación y seguimientos, otra vez, a políticos de oposición, magistrados de altas cortes y periodistas investigativos, y amenazas a estos últimos.

Lo denunciado por la Revista Semana en estos días sobre esas circunstancias se conforma como otro de los horrorosos casos que atentan contra la democracia que en cualquier modalidad tenemos, porque no se concibe colocar a nuestro ejército al servicio sistemático de la política electoral de unos poderosos que pretenden mantenerse en el poder, eternamente, sin pudor alguno por ninguna filosofía política ni por la cacareada democracia.

No será delito defender, con argumentos, las propuestas de cualquier líder o caudillo y de esa manera serán siempre bienvenidas socialmente las controversias políticas, pero sí el uso de medios electrónicos de espionaje de propiedad del Estado, pagadas con los dineros públicos de los contribuyentes del país y cuyo destino es contrarrestar la delincuencia por parte de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, colocándolos al servicio non sancto de algún poderoso grupo político y económico para sus intereses de supervivencia judicial y electoral.   

Deberá entender el presidente del senador Uribe que el país nacional está hastiado de las mentiras oficiales y la corrupción a favor de unos privilegiados y que es el pueblo el que así seguirá perdiendo, igual que cuando el motivo de matarse entre sí lo era el defender un cintillo rojo o azul en sus sombreros, mientras sus líderes en secreto se reconciliaban al calor del whisky que ese pueblo nunca podrá departir.

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