La protesta social: un derecho constitucional y moral

Por : Jairo Bravo Vélez

El 8 de febrero del presente año los colombianos constatamos como con la más descarada falacia los medios de comunicación al servicio del poder económico, buscaron engañar al pueblo desdibujando cínicamente la verdad de los hechos ocurridos en las manifestaciones que se realizaron en muchas ciudades del país.

    Epicentro de la desvergonzada transformación de los hechos fue la ciudad de Bogotá, concretamente con relación al comportamiento de los manifestantes que hicieron presencia ante las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, mal llamado Palacio de Justicia.

    La razón de ser de la protesta nacional no fue otra sino la de hacerles saber a los magistrados que ya era hora de que cumplan con su obligación constitucional de designar a la fiscal general de la Nación de la terna enviada hacía más de seis meses por el señor presidente de la República.

    Los miles de manifestantes ejercieron su sagrado derecho a la protesta en forma pacífica, pero sin perder ese sentimiento enraizado en las entrañas del pueblo de buscar que cese el abuso por muchos años a que ha sido sometido. Esa fue la razón que los llevó a esgrimir su única arma que en ese momento tenían: su voz, que retumbó a los cuatro vientos en la plaza de Bolívar llegando a los oídos de los intocables magistrados de la corte.

    Aquí empieza la farsa de los medios de comunicación diciendo lo contrario de lo que ellos mismos nos hacían conocer. Un paraje, talvez el más tergiversado, cuando aparece un video de los manifestantes en los portones por donde salen los vehículos de los adalides de la justicia.

    Los miles de televidentes observaron a muchos manifestantes gritando consignas en contra de los honorables magistrados, las que, sí fueron muchas salidas de tono, pero debe tenerse en cuenta que es la reunión de un conglomerado de diferentes matices, imposible de exigirles comportamiento ejemplar y conducta de monasterio.

    Ellos gritaron, insultaron, hicieron notar su rebeldía, su odio por el comportamiento de unos servidores públicos que están en el deber constitucional y moral de cumplir con sus obligaciones. Claro que hubo gritos y si se quiere también insultos, pero nunca incitando al desorden, al daño de edificios, de vehículos, de personas.

    Que la vida de los magistrados estuvo en eminente peligro, que pasaron un día de sufrimiento, que estuvieron secuestrados, ¡mamola! Yo no creo que los integrantes de La Corte se hayan expresado así, fueron los comunicadores, no todos afortunadamente, los que tergiversaron cínicamente la realidad que se vivía. Mintieron de frente, descaradamente.

    Otro sector reportó que había llegado un helicóptero para rescatar a las víctimas de la turba furibunda, cuando al rato nos hicieron saber que los honorables salían tranquilamente en sus vehículos sin que nadie los molestara. Por el contrario, los mismos protestantes estaban prestos a ayudar para que la manifestación fuera pacífica, como lo ocurrido cuando cinco individuos protegidos con gorras y, con agilidad asombrosa, se confundieron entre la gente, dedicándose inútilmente a tratar de forzar las puertas de los garajes por donde debían salir los magistrados en sus carros y fueron los mismos manifestantes los que impidieron que esos perturbadores pudieran realizar el boicoteo que acostumbran.

    Ellos nada tenían que ver con el objeto de la inconformidad. La prensa no dio importancia a la conducta de los manifestantes sino al peligro en que se encontraban los magistrados. Guardaron silencio sobre los boicoteadores.  

    El presidente de la corte, que ya había confesado a un ameritado periodista que su esposa y su hermano trabajaban en la fiscalía, salió, con asombrosa altivez y descaro, a decir que no iba a permitir que se obligara a su entidad a forzar términos y que se debe respetar a todos los magistrados.

    La inconformidad se concretaba precisamente en la lentitud, la parsimonia utilizada por esos servidores públicos para que la elección de la fiscal se dilatara con clara intención de beneficiar a terceros ampliamente conocidos por la opinión nacional.

    Podemos concluir ahora, después de un mes de la protesta cívico-social, que se desarrolló en completa paz. Que los ciudadanos, cansados de la inoperante justicia y de las componendas en las altas cortes, decidieron alzar su voz de protesta, ajena a maniobras y actos perturbadores y mal intencionados como quisieron inútilmente presentarlos en los medios de comunicación.

    Una segunda conclusión que quedará en la memoria de los colombianos se enfoca a los medios noticiosos de televisión al presentar sus desfasadas noticias desdibujando la realidad que en los mismos medios observaban los televidentes. Una vergüenza innecesaria para el periodismo patrio valorado en todos los niveles culturales no solo por nosotros sino internacionalmente.  

    “No es cierto, e incluso es bastante problemática, la idea según la cual las altas Cortes tienen derecho constitucional a trabajar sin ojo auscultador de la sociedad encima. Esta semana se vio a todo tipo de opinadores en redes sociales intentando justificar que está prohibido presionar a la Corte Suprema de Justicia, como si la autonomía judicial fuese un escudo protector que garantizara a los jueces la posibilidad de no enfrentar el ímpetu de la sociedad civil” (Ana Bejarano Ricaurte, febrero11/24, Los Daniels)

    El escudo protector del que habla la columnista, debe ganarse por parte de todos los servidores públicos sin ninguna clase de distingos absurdos. El juramento que hacen debe tenerse en cuenta en cada uno de sus actos. Mas el poder judicial, venido en desmedro cada vez más, se ha olvidado de ese juramento.

    Los que estamos dentro del medio de la administración de justicia conocemos el desaire permanente que se hace a los usuarios del servicio, llámense abogados, gestores, secretarios o personas del común. la justicia se deshumanizó. Se debe dejar constancia de que existen honrosas excepciones.

    El desaire de los funcionarios va en ascenso de conformidad al cargo que se ocupe, ganado en franca lid, como muchos, u ocupado por el histórico y manido costumbrismo de la palanca; entre más alto sea el cargo más difícil es llegar a comunicarse con ellos.

    En nuestro conversatorio judicial se decía que cuando un conocido o amigo llegaba a la magistratura de nuestro tribunal cambiaba hasta de caminado y, desde luego, se perdía el amigo o el conocido.

    Con tan absurdo criterio se vulnera el principio de inmediación y si nos detenemos a analizar el comportamiento de los Honorables Magistrados se encuentra que están totalmente distanciados del conglomerado social. Ellos están allá en su corte, protegidos por sus escoltas. Por eso una protesta contra ellos se tiene como un insulto que ofende su dignidad, su investidura y, me atrevo a pensar, también su narcisismo.

    Sin embargo, acordémonos que después del 8 de febrero de este año hubo toda clase de lectura sobre la pacífica y legal protesta de la población rebelde, por lo que los invito a pensar en la enseñanza del padre de la filosofía, Platón, cuando dice: “No son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos”.

     jairobravo2010@hotmail.es 

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