Hablar de las JAC es hablar de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales, especialmente de aquellos sectores más vulnerables, quienes, sin esperar remuneración alguna, entregaron su tiempo, conocimiento y, en muchas ocasiones, hasta sus propios recursos para construir caminos de transformación y hacer realidad los sueños colectivos.

Fueron ellos quienes construyeron escuelas, acueductos, parques, polideportivos, salones comunales y, sobre todo, quienes comenzaron a fortalecer el tejido social, siempre con la mirada puesta en el bienestar de sus comunidades.

Las Juntas de Acción Comunal nacieron oficialmente en Colombia mediante la Ley 19 de 1958, durante el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, primer mandatario del Frente Nacional. Su creación fue fundamental, pues permitió institucionalizar la organización comunitaria en un momento en que Colombia buscaba reconstruirse después de una profunda etapa de violencia política.

Su propósito fue promover la organización ciudadana, fortalecer la participación democrática y convertir a las comunidades en protagonistas de su propio desarrollo.

La Constitución Política de 1991 reafirmó este principio al reconocer la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. Sin embargo, más de tres décadas después, aún se continúa luchando para que esta participación no esté condicionada por intereses políticos, sociales o gubernamentales.

Son casi siete décadas de reconocimiento jurídico de la Acción Comunal. Aunque los logros han sido significativos, la presencia institucional continúa siendo insuficiente. A pesar de ello, con el paso de los años, las Juntas de Acción Comunal han demostrado ser mucho más que una organización barrial o veredal.

Han representado la solidaridad, la convivencia y la capacidad de luchar hombro a hombro con vecinos, amigos y familiares para sacar adelante proyectos de mejoramiento comunitario, casi siempre mediante actividades destinadas a recoger recursos que permitieran cumplir los objetivos trazados.

Las JAC hicieron y continúan haciendo presencia donde muchas veces la institucionalidad estatal solo aparece desde los escritorios gubernamentales.

Aunque aún queda mucho por hacer y resolver, gracias al trabajo comunal se han gestionado electrificaciones rurales, mejoramientos de vías, programas de vivienda, escenarios deportivos, proyectos ambientales, iniciativas culturales y procesos educativos.

Existen obras importantes que no nacieron en una oficina gubernamental, sino alrededor de una mesa comunal donde varios vecinos decidieron trabajar unidos por un propósito común.

Sin embargo, el paso del tiempo también ha generado profundas transformaciones sociales que hoy obligan a las organizaciones comunales a preguntarse: ¿están preparadas para enfrentar el futuro?

Durante décadas, el liderazgo comunal fue considerado un verdadero honor. Ser presidente de una Junta significaba representar la confianza y la voluntad de toda una comunidad.

Hoy esa realidad parece haberse debilitado. Cada vez resulta más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a asumir estos cargos. Muchos prefieren mantenerse al margen antes que enfrentar críticas, conflictos internos, exceso de responsabilidades, riesgos personales y una carga administrativa que crece año tras año.

Paradójicamente, mientras el Estado ha reconocido la importancia de las organizaciones comunales mediante normas como la Ley 2166 de 2021, orientada a modernizar la Acción Comunal y fortalecer su participación en el desarrollo territorial, también ha incrementado las exigencias legales, contables, tributarias, administrativas y de control que deben cumplir estas organizaciones.

En Ipiales, hace algunos años, algunos líderes comunales plantearon la necesidad de profesionalizar las Juntas de Acción Comunal. La propuesta fue presentada ante los mandatarios de turno; sin embargo, salvo algunos acercamientos iniciales, no logró trascender ni generar una política permanente de fortalecimiento.

Los gobiernos en todos los niveles jerárquicos del Estado, al igual que algunos líderes comunales y organizaciones comunitarias, se han conformado con capacitaciones aisladas sobre temas específicos, muchas veces orientadas por funcionarios de instituciones públicas con conocimiento técnico, pero con poca experiencia directa en el ejercicio de la Acción Comunal.

Los cambios en todas las áreas donde se desarrolla la vida humana ya no son una simple tendencia académica; son una realidad permanente. Cada día las sociedades se transforman y las personas adoptan nuevas formas de pensamiento, relación y comportamiento.

Las Juntas no son ajenas a esta realidad. Ya no solo administran proyectos comunitarios; ahora deben presentar informes financieros, actualizar registros, cumplir normas tributarias, manejar plataformas digitales, responder requerimientos de entidades de control, elaborar planes estratégicos, formular proyectos y garantizar procesos de transparencia cada vez más complejos.

Todo ello recae, en la mayoría de los casos, sobre líderes que trabajan de manera completamente voluntaria.

Surgen entonces varias preguntas: ¿la ley existe, pero cuánta formación se ha brindado realmente a los comunales en cada nivel de asociación para que puedan desempeñar adecuadamente el rol y compromiso adquirido con sus comunidades? ¿Cuántos equipos tecnológicos han sido entregados a los dignatarios para facilitar la gestión, medir resultados y responder a las nuevas exigencias administrativas?

Aquí aparece una de las mayores contradicciones del modelo comunal colombiano. Desde la Ley 743 de 2002 (hoy derogada) se planteaba que estas organizaciones debían avanzar hacia la autosostenibilidad, convertirse en generadoras de recursos propios y gestoras de sus principales satisfactores comunitarios. Sin embargo, al momento de materializar una idea o ejecutar un proyecto, los recursos asignados por el Estado suelen ser insuficientes frente a la magnitud de las necesidades existentes.

A esto se suman diversas limitaciones derivadas del desconocimiento, entre ellas: convocatorias con recursos financieros reducidos y poca frecuencia, plataformas complejas para la formulación de proyectos, requisitos excesivos, tiempos limitados para la presentación de propuestas, seguimiento insuficiente y, en algunos casos, falta de voluntad política.

No puede desconocerse que algunas Juntas han enfrentado dificultades relacionadas con malas administraciones, conflictos internos o falta de transparencia. Sería irresponsable ignorar estas situaciones. Pero también sería injusto juzgar a todo el movimiento comunal por las actuaciones de unos pocos.

La inmensa mayoría de los dignatarios comunales continúa trabajando con honestidad, sacrificando tiempo familiar, enfrentando limitaciones económicas e incluso poniendo en riesgo su tranquilidad personal por el compromiso de servir a los demás.

Existen dos conceptos paralelos que merecen especial atención: la pérdida del sentido de pertenencia y la pérdida del sentido comunitario. A ello se suma el protagonismo individual, factores que han generado desinterés, fragmentación y debilitamiento de la organización vecinal.

Vivimos una época en la que muchas veces prevalece el “yo” sobre el “nosotros”, olvidando que la esencia de la Acción Comunal está precisamente en la construcción colectiva.

Ese protagonismo individual desconoce los principios del nuevo liderazgo transformacional y, en algunos casos, minimiza la importancia de las decisiones tomadas por las asambleas, afectando los intereses comunes, la renovación del movimiento y la participación activa en las reuniones, lo que termina debilitando los quórums y la capacidad de decisión colectiva.

Ante este panorama, aparece nuevamente la figura de quienes buscan convertirse en líderes capaces de recuperar la unidad, fortalecer la organización y promover procesos de mejoramiento continuo.

Otro desafío fundamental es el relevo generacional. Las nuevas generaciones poseen enormes capacidades tecnológicas, creatividad e innovación; sin embargo, en muchos casos no encuentran atractiva la labor comunal.

Algunos jóvenes perciben las Juntas como organizaciones antiguas, burocráticas, poco dinámicas o alejadas de sus intereses. Las observan como espacios donde siempre participan los mismos líderes, muchas veces personas mayores, sin encontrar oportunidades reales para aportar sus ideas y asumir responsabilidades.

Esta percepción constituye uno de los mayores riesgos para la continuidad del movimiento comunal.

Surge entonces otra pregunta: ¿es responsabilidad del líder tradicional que se resiste a entregar espacios de participación y no motiva a los jóvenes para apropiarse de estos procesos, o son las nuevas generaciones quienes muestran poco interés por estas organizaciones porque encuentran mayor atracción en otros escenarios que ofrecen satisfacción inmediata y menor compromiso colectivo?

El reto consiste en demostrar que la Acción Comunal no pertenece al pasado. Por el contrario, con el respaldo de la nueva legislación y mediante procesos de fortalecimiento interno, puede convertirse en una plataforma para impulsar proyectos de emprendimiento, transformación digital, sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, economía solidaria y desarrollo local.

Lo que ha cambiado son las necesidades, las formas de interpretar la realidad y las maneras de relacionarnos. Esto responde a que somos seres humanos en permanente evolución.

El futuro de las Juntas dependerá precisamente de su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. No basta con conservar las tradiciones; es necesario incorporar nuevas formas de liderazgo.

Los dignatarios comunales del siglo XXI y las próximas generaciones deberán fortalecer competencias en formulación de proyectos, gestión pública, resolución de conflictos, liderazgo colaborativo y transformacional, planeación estratégica, innovación social, comunicación digital y administración transparente de los recursos públicos.

Esta transformación debe estar acompañada por los gobiernos locales, departamentales y nacionales, mediante un compromiso serio y decidido para fortalecer el desarrollo territorial, garantizando presencia institucional permanente, sin segmentar ni estigmatizar a quienes hacen parte de las organizaciones comunales.

No puede dejarse de lado la importancia de las políticas públicas como herramienta fundamental del Estado para transformar realidades insatisfechas mediante la asignación de recursos, la articulación institucional y la ejecución de planes orientados al bienestar colectivo.

Las Juntas de Acción Comunal están directamente vinculadas con estos instrumentos, debido a que son conocedoras de primera mano de las problemáticas y necesidades que afectan a sus territorios. Por ello, deben aprovechar esta oportunidad para convertirse en verdaderos mecanismos de fortalecimiento institucional y participación ciudadana.

La implementación efectiva de políticas públicas permitirá ampliar programas permanentes de capacitación, simplificar trámites administrativos, garantizar asistencia técnica, facilitar el acceso a herramientas digitales, proteger jurídicamente a los líderes sociales y crear incentivos que reconozcan el enorme aporte realizado por miles de comunales en todo el territorio nacional.

El trabajo comunal es voluntario y el Estado debe incentivarlo, acompañarlo y respaldarlo.

La recuperación de la credibilidad no se logrará únicamente con discursos; será resultado del trabajo, de los hechos y de los resultados. Será posible mediante el compromiso de todos los actores, recuperando la confianza entre vecinos, fortaleciendo la comunicación directa, promoviendo el trabajo en equipo entre dirigentes y comunidades, y consolidando modelos administrativos comunales más participativos e incluyentes.

Las comunidades son autónomas. Sus ideas, capacidades y propios desafíos las conducirán hacia una mejor proyección, construyendo paso a paso nuevas sociedades.

Como plantea Jean Jacques Rousseau: “Las sociedades legítimas se construyen exclusivamente a través de un contrato social, entendido como un acuerdo voluntario y unánime entre los individuos para protegerse sin perder su libertad”.

Las Juntas de Acción Comunal no necesitan convertirse en empresas ni en escenarios políticos. Necesitan recuperar su esencia: volver a ser espacios donde las diferencias puedan dialogarse, donde los problemas colectivos encuentren soluciones compartidas y donde cada ciudadano comprenda que el bienestar común comienza con la participación individual.

La Acción Comunal no solo representa una organización del pasado; es una herramienta vigente para construir el futuro.

javierchaves843@gmail.com j