La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, ordenó detener los hechos de brutalidad policial y los excesos en el uso de la fuerza contra la protesta pacífica, en atención a una tutela presentada por 49 ciudadanos por hechos ocurridos desde 2005 hasta 2019.

En una sentencia de 171 páginas, con dos salvamentos de voto, se pronunció frente al presidente Duque, los ministros, el Esmad, la Policía y el Ejército, que intervinieron de forma arbitraria en las manifestaciones del paro nacional de 2019. Los hechos ocurridos en septiembre de 2020 no hacen sino confirmar los argumentos de la Corte.

El fallo evaluó la muerte del joven Dilan Cruz, quien falleció por un proyectil del Esmad; la patada en la cara que recibió una mujer durante una manifestación en Bogotá; las golpizas a estudiantes cerca de la Universidad de los Andes y la detención arbitraria de uno de ellos; la disolución de una protesta pacífica en la plaza de Bolívar con gases. También valoró varias condenas del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por excesos y arbitrariedad en el uso de la fuerza.

La Sala encontró acreditada la reiterada y constante agresión desproporcionada de la Fuerza Pública respecto de los manifestantes, desde el año 2005.

La Corte encontró una “violación sistemática” al derecho a la protesta por “la Fuerza Pública, en especial por el Esmad”, entidad que es una “amenaza real para esa garantía” y por no hacer uso adecuado de sus armas de dotación.

La Corte agrega que la presidencia de Duque y algunos ministerios, no han mantenido neutralidad frente a las manifestaciones que critican su gestión y han promovido campañas en contra en las redes sociales; y a la Fiscalía, por los allanamientos masivos en las residencias de los participantes en las marchas.

El alto tribunal dijo que estas acciones son constantes y generan temor en la población a la hora de protestar.

En consecuencia, el alto tribunal dio 14 órdenes para garantizar el derecho a la protesta, ordenó al Gobierno y a la Fuerza Pública “abstenerse de incurrir” en conductas que vulneren esa garantía. Además, dio 48 horas a la Presidencia, a los ministerios de Defensa, del Interior y a la Policía, para publicar en sus páginas web el fallo de la Corte hasta que “el Congreso emita una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta”.

La Corte ordenó al ministro de Defensa, que en 48 horas ofrezca disculpas por los excesos de la Fuerza Pública. El ministro, en una actitud prepotente, como es del estilo uribista, dijo que va a estudiar el fallo de la Corte. En este caso hay que recordarle al presidente y sus ministros que los fallos judiciales se acatan.

La Corte ordenó al Defensor del Pueblo que controle las actuaciones del Esmad, y al Esmad le ordenó suspender el uso de las escopetas calibre 12, hasta que se verifique que hay “garantías” para su uso “responsable”.

También le ordenó al Gobierno que en 30 días expida un acto administrativo para que todos sus funcionarios mantengan la neutralidad frente a las protestas, y en una mesa de trabajo participativa, reestructure el uso de la fuerza en manifestaciones.

La Corte ordenó al Gobierno expedir una reglamentación con las recomendaciones expresadas, para prevenir la intervención “violenta y arbitraria de la Fuerza Pública en manifestaciones y protestas”, para no estigmatizar a quienes critican al Gobierno, y proteger la libertad de expresión y de prensa.

Es vital la recomendación final de la corte cuando dice que el uso de la fuerza debe ser la excepción, que el entrenamiento de la fuerza pública no es para “derrotar al enemigo”, sino para proteger civiles, que es urgente la formación y capacitación en derechos humanos a la Fuerza Pública, y que, en las manifestaciones, el objetivo fundamental es el de restablecer el orden, no atentar contra la vida a los ciudadanos o agredirlos.

En conclusión, Colombia vive bajo un régimen del terror, afortunadamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justica y ha hecho las recomendaciones necesarias para intentar convertir a nuestro país en una sociedad civilizada, en la cual las autoridades entiendan y obedezcan la ley. El pueblo colombiano debe conocer este pronunciamiento y exigir que este gobierno lo cumpla.

luisalfonsocabrera@yahoo.es

HECHOS DE LA SEMANA

HECHO INAMOVIBLE

Es claro que las comunidades indígenas de Ipiales tienen toda la razón en su posición frente a la construcción de la doble calzada. No se le puede creer al gobierno ni a los contratistas, Con el cuento del progreso siempre los han tumbado.

¿Cuál es el miedo a la consulta previa?, simplemente no les interesa porque no van a cumplir. Mientras tanto, las autoridades expertas en quemar tiempo, siguen jugando a la gallina ciega.