Desde los inicios de la civilización, la humanidad creó costumbres y con base en estas se generaron los primeros esbozos de codificaciones con el objetivo de sujetar a las comunidades bajo determinados comportamientos, por acción y por omisión. Así, la historia del derecho refiere al primero de ellos conocido como “el código de hammurabi” que data de más de 3.000 años.

Posteriormente, con la aparición de la “ley de las 12 tablas” en la era de los roma antigua, la historia muestra un avance mayor de esa civilización, al otorgar menor crueldad en sus consecuencias ante su transgresión. “la ley del talión” ya era un gran avance humano.

De esas comunidades a la fecha, las leyes en el mundo han sido adaptadas bajo un criterio humanista y garantista, lo cual implica que las consecuencias por su violación, no pueden estar por fuera del imperio de los derechos humanos, en general, y del derecho internacional humanitario, en su especie.

Con excepción de algunas codificaciones de regímenes totalitarios, este es un principio constitucional inviolable, más para los estados que detentan el imperio de la ley y de la división de poderes, desde la revolución francesa.

En todo caso, a lo largo de la historia del derecho universal, se tiene que las leyes que regulan los delitos, guardan dos fines de las penas a imponer: una retributiva, es decir, la consecuencia por trasgredir una ley, y otra ejemplificativa, correspondiente a generar una expectativa de prohibición en los ciudadanos que conforman un grupo social.

Bajando la historia del derecho hacia nuestro país, nos la otorga a blanco y negro: los colombianos nos confortamos cuando la justicia revela su acción contra la criminalidad, y de sus campos, cuando se hacen evidentes sobre los delincuentes que aportan a la madre de nuestros males: la corrupción.

En sentido contrario, los colombianos (y el mundo entero) se muestran indignados cuando perciben que la justicia es injusta. Hace dos semanas y por “errores” formales, fueron dejados en libertad dos personajes íconos de los insucesos negros dentro de tantos otros de la nación: el desfalco de recursos del sistema general de seguridad social en salud, a través de la extinta “saludcoop” y del grotesco atentado contra la potestad de la justicia, que los medios lo bautizaron como el cartel de la toga.

Si bien ya no estamos bajo el imperio desproporcionado de las normas primitivas, no menos cierto es que los ciudadanos necesitamos de las sanciones drásticas ante los corruptos y los actos de corrupción, como válidos precedentes con el objetivo de generar un ejemplo de la justicia encaminado a que los funcionarios y los mismos particulares, se abstengan de realizar actos ilícitos que los enriquece prontamente y que a la postre convierte a los ciudadanos en consecuentes pordioseros de sus derechos en todos los sectores de vida: salud, educación, infraestructura, cultura, deporte, recreación, etc. Etc. Etc…

Por eso, esos errores de los operadores de la justicia, merecen el reproche general de las comunidades, tanto como con dignidad los ciudadanos deberían hacerlo en el diario vivir ante los corruptos y, sobretodo, cuando esten frente a las urnas.

Algún sector de la comunidad se muestra horrorizado cuando mira en la legalidad a quienes habían empuñado armas, pero guardan silencio, en el mejor de los casos, ante quienes con la corrupción, fueron los autores mediatos de la violencia que se resiste en marcharse de nuestro territorio, porque lo injusto de la justicia, hace que aquellos no reciban la retribución de la ley, ni los ciudadanos reciban el ejemplo de la justicia, todo lo contrario. 

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