El Juez del Circuito Promiscuo 002 de Familia de Ipiales concedió una medida provisional para separar de sus funciones a dos docentes de la Institución Educativa Seminario de Ipiales, hasta tanto se resuelve la Acción de Tutela interpuesta por unas madres de familia, tras denuncias de maltrato físico y verbal contra estudiantes de grado Segundo E. las accionantes alegan que los menores fueron víctimas de humillaciones y amenazas...

Las madres de tres menores de edad, estudiantes del grado Segundo E de la Institución Educativa Seminario, presentaron una acción de tutela en representación de los 25 niños que conforman el curso. En su solicitud, interpuesta contra la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la I. E. Seminario, la Personería Municipal de Ipiales y el Ministerio de Educación Nacional, alegan que la institución ha vulnerado los derechos fundamentales de los menores debido al trato recibido por parte de dos docentes.

Las accionantes aseguran que los estudiantes han sido sometidos a un ambiente hostil, caracterizado por lenguaje inapropiado y amenazas. Entre las acusaciones se encuentran insultos por parte de las docentes, quienes supuestamente se dirigían a los menores con términos despectivos como “estúpidos”, “tontos salvajes” y “burros”. Además, en un intento por disciplinarlos, habrían usado expresiones intimidantes como “vayan a joder a sus mamás” o “les voy a bajar los pantalones y darles con el perrero”.

Los niños también habrían sido objeto de amenazas, como la advertencia de que “a los sapos los matan”, en referencia a que informar sobre la situación podría traer consecuencias. Asimismo, se menciona el uso de conceptos religiosos para generar miedo, señalando a los menores como “pecadores”, “mentirosos” y afirmando que “tienen la cruz en la frente por la maldad”.

Los denunciantes también argumentan que una de las docentes expulsó a un estudiante del aula junto con su pupitre como castigo, promoviendo un ambiente de humillación. Además, se les habría obligado a pedir perdón por haber reportado la situación a las directivas de la institución, y en algunos casos, se reportan agresiones físicas como empujones y señalamientos por supuesta traición.

Antes de presentar la acción de tutela, los padres de los niños afectados enviaron un derecho de petición a las directivas del colegio, solicitando explicaciones por el presunto trato inadecuado y las expresiones ofensivas de las docentes. Sin embargo, al no recibir una respuesta satisfactoria, decidieron acudir a un juez de tutela.

En la acción legal, las madres solicitaron medidas cautelares urgentes, argumentando que sus hijos han sido agredidos física y verbalmente. Según el documento, varios niños han sido llevados a centros asistenciales para recibir valoraciones psicológicas tras el presunto maltrato. A pesar de ello, aseguran que la institución educativa continúa exigiendo la asistencia de los menores a clases sin ofrecer garantías de protección.

El expediente de tutela incluye documentación médica y relatos que evidencian el impacto psicológico de los hechos en los estudiantes. Según los denunciantes, esta situación constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de los niños.

Ante la gravedad de los hechos, el Juzgado del Circuito Promiscuo 002 de Familia de Ipiales resolvió conceder la solicitud de medida provisional. En su decisión, ordenó la suspensión inmediata y provisional de las docentes implicadas en el grado segundo E, en coordinación con el rector de la institución educativa.

Asimismo, el juez exigió a la Secretaría de Educación de Ipiales, la I. E. Seminario, el ICBF y la Personería Municipal priorizar la atención a la situación de vulneración de derechos.

Con esta determinación, se busca garantizar la seguridad y bienestar de los menores mientras se adelantan las investigaciones correspondientes. La comunidad educativa permanece a la espera de las acciones que tomarán las autoridades para resolver la situación y prevenir nuevos casos de maltrato en el ámbito escolar.

En cumplimiento de un adecuado ejercicio periodístico, LA IPIALEÑÍSIMA se abstiene de publicar los nombres de las docentes implicadas, así también la identidad de las tutelantes.