Rejo por Amor

  Por: Darío Pantoja B.
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Conscientes del crecimiento exponencial de los contagios y muertes en nuestro territorio, los gobernantes deben echar mano de las mencionadas facultades de policía administrativa, para generar un ambiente social de protección en las ciudades, y con su autoridad de comandantes de policía, ejercerla como consecuencia de la indisciplina social y familiar que nos están alejando del fin de esta pandemia que cada vez es más preocupante, porque para los irresponsables no hay causa de preocupación.  

La atención por el virus no nos ha dejado ahondar en el tiempo más allá de todo lo que nos pasa en el país. Van 80 masacres con 340 muertos en ellas; 289 homicidios de líderes sociales; más de 240 homicidios de excombatientes de las Farc que entregaron sus armas para luego morir sin empuñarlas; en noviembre hubo 10 muertos civiles en enfrentamientos urbanos entre protestantes por el homicidio agravado de Javier Ordóñez por unidades de policía y las armas de estos uniformados en Bogotá.

se conoció el uso institucional de la Fiscalía General para atentar contra la credibilidad de la Justicia Especial para la Paz -JEP-; y la corrupción no ha cesado ni siquiera en temporada de crisis sanitaria en contratos destinados a mitigar los efectos económicos de la pandemia y en programas de alimentación educativa -PAE-, entre otros.

Se termina este año 2020 y aunque el titular de la Presidencia como ningún gobernante regional y local pudo prever la actual contingencia biológica, ninguno debe escudarse en ella para justificar su incapacidad. A nivel territorial, el año pasado siendo todos candidatos, se mostraron conocedores de sus gentes y territorios, y muy capaces para solucionar los males que las aqueja. Los micrófonos daban fe de esas palabras halagadoras a los oídos de los electores.

Por el contrario, esta temporada de crisis sanitaria -que aún se muestra resistente-, se convierte en una eficaz forma de medir la prometida capacidad de nuestros mandatarios, precisamente por lo intempestivo de su aparición y la gravedad de sus efectos.

Obvio que la cuarentena nos sacó en gran parte de la cotidianidad social e institucional como razón para suspender la iniciación o desarrollo de proyectos físicos o programas sociales, y que la amenaza biológica no exoneró a quienes cumplen funciones públicas en todo el territorio nacional, sin embargo, esa misma crisis debió recibir el mismo ahínco prometido para tiempo de paz, con medidas culturales, preventivas y restrictivas para solventar la velocidad del contagio y sancionatorias con esa misma finalidad y, para ejemplificar las consecuencias sobre los irresponsables infractores de esas medidas.   

Todo gobernante sabe -y la ciudadanía también- que las normas le otorgan amplias facultades de policía con el fin de mantener el orden público y garantizar a los gobernados, a través de la autoridad de su cargo, el cumplimiento de los fines del Estado como frente a los derechos a la vida y a la salud.

Las fuerzas armadas, por su parte, son del exclusivo manejo de cada presidente de la República y, sobre ellas, los alcaldes y los gobernadores no tienen línea de mando, sólo derivadas como fuerzas de apoyo y colaboración.

Conscientes del crecimiento exponencial de los contagios y muertes en nuestro territorio, los gobernantes deben echar mano de las mencionadas facultades de policía administrativa, para generar un ambiente social de protección en las ciudades, y con su autoridad de comandantes de policía, ejercerla como consecuencia de la indisciplina social y familiar que nos están alejando del fin de esta pandemia que cada vez es más preocupante, porque para los irresponsables no hay causa de preocupación.  

Si nuestros gobernantes quieren a sus territorios y fueron los más capaces en la pasada contienda electoral, no deben tener miedo en decretar medidas drásticas, oportunas y eficaces por impopulares que éstas se miren:

Los gobernados por la evidente falta de cultura ciudadana y de educación social, somos quienes los obligamos a esos mandatarios para protegernos con limitaciones al derecho de locomoción -v. gr. toque de queda, pico y cédula-, limitaciones al derecho de reunión -familiar y social-, y limitaciones al derecho al libre desarrollo a la personalidad –“ley seca”-.

Al contrario de lo pensado a priori, los actuales gobernantes tienen en la pandemia la mejor oportunidad para demostrar que los liderazgos que ejercen no se derivan solamente de la potestad del cargo que detentan y que pueden sobrepasar en la práctica el reiterado pretexto de insuficiencia de fuerza pública. Los mismos indisciplinados y sus familias también se los agradecerán.

asesoriayderecho@hotmail.com

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