George Floyd fue asesinado el pasado 25 de mayo, en un vecindario de Minneapolis, Estados Unidos, como consecuencia de un arresto realizado por cuatro policías locales. Este caso generó una oleada de protestas y de indignación a nivel mundial en contra del racismo, la xenofobia y los abusos policiales. George Floyd murió por asfixia provocada por el agente de policía Derek Chauvin, quien lo ahogó con su rodilla presionándole el cuello. Un hecho bárbaro, pero con consecuencias que vale la pena resaltar, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.

Primero, los cuatro agentes comprometidos fueron despedidos de manera inmediata; segundo, el rechazo fue total y las protestas se presentaron en todo el país y en el exterior. Muchos alcaldes, gobernadores, hasta instituciones de seguridad criticaron al presidente Trump por el despliegue militar en las calles y sus amenazas de disparar en caso de saqueos; tercero, en algunas manifestaciones, militares y policías se arrodillaron junto a los marchantes en señal de reconciliación; y, cuarto, lo más sorprendente, el concejo de Minneapolis decidió acabar con el Departamento de Policía, y destinar el dinero de apoyo a esa institución, a otras estrategias comunitarias de seguridad, integradas por trabajadores sociales y médicos.

Que diferente con lo que ocurre en Colombia, en donde se ha comprobado la participación de policías y militares en el asesinato de varios líderes, las investigaciones duran eternidades, la protesta es mínima, las instituciones guardan un silencio cómplice y no ha pasado nada. 

En contraste con este caso de la Policía norteamericana, en Colombia se presentó un caso muy especial de sensibilidad y cumplimiento del deber por parte del patrullero de la policía de Cali, Ángel Zúñiga, quien se negó a participar en un operativo de desalojo en Pance. En plena cuarentena una retroexcavadora tumbaba las casitas improvisadas de las familias pobres y les destruyeron los cultivos de maíz.

Al patrullero Zúñiga le dieron la orden de sacar a una señora de su cambuche, pero no lo hizo, porque era injusto. El patrullero conmovido por la necesidad y la pobreza exclamó: “yo me metí de policía para defender a los ciudadanos, no para ser abusivo con ellos”. Las mujeres lloraban y felicitaban al patrullero. El patrullero llorando entregó su pistola y su radio, se iba a quitar el uniforme, pero el superior se lo impidió. Al final dijo, “llevo diez años de patrullero, si quieren me sacan de la Policía, pero esto es un abuso, yo me salgo”.

La policía está creada para cumplir la constitución y las leyes que hablan de justicia y derechos, no sólo para obedecer órdenes. Es la primera vez que un policía piensa y decide que no obedece porque es injusto. ¿Que pasara con el patrullero? Ángel Zúñiga debería ser condecorado, pero en el gobierno uribista del miedo se exige obediencia ciega y castigo.  

Y hablando de sensibilidad humana, no podemos dejar pasar la muestra de solidaridad y de civismo en nuestro municipio de Ipiales, labor abnegada bajo el liderazgo del Padre Manuel Chamorro, un sacerdote orgullo de nuestra región, fiel representante del amor cristiano, que hace realidad el evangelio acompañando a los más pobres, a los necesitados, el verdadero vocero de los que no tienen voz, de una inmensa población olvidada, excluida, aislada de sus derechos hace muchas generaciones, en cuarentena hace mucho tiempo, que sobreviven al día a día, lejos de la constitución, quienes ni siquiera reciben la limosna institucional de los gobiernos.

En medio de la mayor tragedia de la humanidad, el Padre Chamorro, junto con el Comité de Amigos por Ipiales, ha levantado la bandera de la justicia y los derechos, en la exigencia legal de atender a la población en sus necesidades básicas insatisfechas desde siempre. Concretamente se exige al estado, como responsable de la empresa Cedenar, que cumpla su misión constitucional de servicio a la comunidad, pues va en contra del bien público, la existencia de una empresa del estado revendedora de energía eléctrica, como un negocio politiquero, burocrático e ineficiente.   

Contrario a lo que esperaba el pueblo, el alcalde de Ipiales tampoco respondió al dolor popular, él prefiere pensar en un plan de gobierno de ladrillo y cemento, en los contratos, no en la la vida y la dignidad de la gente.

Los ipialeños debemos manifestarnos, una vez más en las calles, en un claro reclamo de justicia, de solidaridad y civismo, respaldando la desobediencia civil, todos a respaldar la manifestación del 19 de junio, saquemos nuestras banderas rojas en todas las ventanas.

luisalfonsocabrera@yahoo.es