En varias partes del mundo existen conflictos por el agua. El politólogo Ian Bremmer, en su libro El poder de las crisis, advierte que la escasez de agua será una de las grandes tensiones de las próximas décadas (Bremmer, 2023). En algunos lugares se pensó que la solución era entregar el servicio a empresas privadas. ¿Y qué pasó en esas ciudades? Quienes las estudiaron encontraron algo que sorprende. Lo que hace que un acueducto funcione bien no es de quién es el agua, sino quién toma las decisiones, quién vigila y con qué reglas. Llevar el agua hasta una casa cuesta dinero, porque hay que limpiarla, bombearla y arreglar las tuberías. Pero el precio no lo explica todo. De quien maneje el acueducto dependen la salud de la gente, el día a día de las familias, el trabajo en el campo, el afluente que surte al municipio y la vida de quienes vienen detrás. Por eso el agua se entiende mejor como un bien común. Con una empresa privada la gente puede terminar pagando de más, con tarifas altas y obras prometidas que nunca llegan. Con una empresa pública puede pasar lo mismo si nadie vigila.

Durante varios años, muchos países le entregaron la administración del suministro de agua a empresas privadas, entre ellos Inglaterra, Francia, Chile, Argentina, Bolivia, Filipinas, Ghana y Tanzania. Colombia también entró en esa ola. El Estado impulsó empresas en las ciudades, y dejó de lado los acueductos que manejan las propias comunidades en el campo (Ecuyer, 2024). En algunos lugares el agua llegó a más casas, así que sería injusto decir que toda privatización fracasó. Pero privatizar tampoco mejora el servicio por sí solo. El economista Edouard Pérard (2009) revisó 22 pruebas con datos y 51 estudios de caso. Su conclusión fue clara. Entregarle el servicio a un privado no lo vuelve, por sí solo, más eficiente. La decisión depende de cuatro cosas. Qué tan caro le sale a cada uno conseguir la plata para invertir, cuánto cuesta hacer el contrato y después vigilarlo, si de verdad uno trabaja mejor que el otro y cuánto desgaste político trae la decisión. En pocas palabras, cambiar de administrador no garantiza un mejor servicio.

Muchas ciudades se arrepintieron y le devolvieron el agua a lo público. A eso se le llama remunicipalización, y no son casos sueltos. Solo en el agua se registraron al menos 267 casos en 37 países desde el año 2000, y afectan a más de cien millones de personas (McDonald, 2018). En el conteo de todos los servicios públicos, el agua es uno de los sectores con más casos, junto con la energía (Cumbers et al., 2022). Ha ocurrido en Estados Unidos, América Latina, África y Asia, por razones que cambian según el lugar. Tarifas altas, contratos mal hechos, inversiones que nunca llegaron o falta de vigilancia. Casi siempre el problema no estuvo en el agua, sino en el contrato. Queda entonces una pregunta incómoda. ¿Esas ciudades sí leyeron bien lo que estaban firmando?

Para una ciudad como Ipiales, los ejemplos más cercanos no están en las grandes capitales, sino en las ciudades medianas, con presupuesto corto, crecimiento rápido y fuentes de agua frágiles. Ahí un contrato mal hecho deja al municipio amarrado durante años. El ejemplo más conocido es Cochabamba, en Bolivia. En 1999 el servicio se entregó a la empresa Aguas del Tunari y al poco tiempo llegaron los reclamos por las tarifas, por el contrato y por el control de las fuentes. En 2000, la llamada Guerra del Agua terminó con la salida de la empresa y el regreso del servicio a manos públicas. Razavi (2019, 2022) cuenta que a las marchas salieron vecinos, campesinos y organizaciones que ya manejaban su propia agua, porque el pleito no era solo por el precio, sino por quién manda sobre el agua. Algo muy parecido pasa con los acueductos comunitarios y las juntas de agua del sur de Colombia.

Cochabamba, sin embargo, no es una historia simple de “privatización mala, gestión pública buena”. En Bolivia no hubo un caso, sino dos, que suelen mezclarse. El primero es la Guerra del Agua de Cochabamba, ya contada. El otro pasó en La Paz y El Alto, dos ciudades vecinas del occidente del país. Allí el acueducto lo operaba Aguas del Illimani, filial de la francesa Suez. Hailu et al. (2012) compararon tres formas de manejar el agua en ese país. La privada, en La Paz y El Alto. La de una cooperativa de usuarios, en Santa Cruz de la Sierra. Y la pública, en Cochabamba, que ya había vuelto a manos del Estado. El resultado fue mixto. Con la empresa privada, el agua sí llegó a más hogares pobres. Pero no cumplió las obras que el contrato le exigía y subió las tarifas para cubrir sus costos. En enero de 2005, un paro de las juntas vecinales de El Alto obligó al gobierno a sacar a la empresa, y en 2007 el servicio pasó a manos públicas. Fueron entonces dos peleas distintas. Cochabamba en 2000, contra Aguas del Tunari, y La Paz y El Alto cinco años después, contra Aguas del Illimani. Volver a lo público tampoco lo resolvió todo. Dos décadas después de la Guerra del Agua, Cochabamba sigue en crisis, con barrios que reciben mucha menos agua que otros y con la participación que se prometió en 2000 a medio camino (Razavi, 2019, 2022). Por eso estos dos casos sirven para aprender, no para hacer campaña a favor o en contra.

Bolivia muestra qué pasa cuando el conflicto estalla en la calle. Tucumán, en Argentina, muestra qué pasa cuando termina en un tribunal. En 1995 el agua y el alcantarillado se entregaron por 30 años a Aguas del Aconquija, empresa de la francesa Compagnie Générale des Eaux, luego llamada Vivendi. Las tarifas se duplicaron, hubo quejas por la calidad del agua y mucha gente dejó de pagar las facturas. El contrato se acabó en 1997, la empresa se fue al año siguiente y el Estado tuvo que hacerse cargo. Pero el pleito siguió fuera del país. La empresa demandó a Argentina ante el CIADI, un tribunal del Banco Mundial donde las empresas extranjeras reclaman contra los Estados. En 2007 el fallo fue en contra del país, que quedó obligado a pagar 105 millones de dólares más intereses (Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República Argentina, 2007). Cuando un contrato de agua se rompe, la cuenta la termina pagando la gente del territorio.

Europa muestra la otra cara. Allí el agua no volvió a manos públicas por una revuelta, sino por años de pelea política y ciudadana. En 2010 París volvió a encargarse de su acueducto, y Valdovinos (2014) explica que pesó una idea nueva sobre lo que el gobierno de una ciudad debe responder por el agua. Berlín hizo algo parecido. En 1999 había vendido el 49,9 % de su acueducto, casi la mitad, a dos empresas privadas. Entre 2012 y 2013 volvió a comprar esa participación, primero la de RWE y luego la de Veolia. Beveridge et al. (2014) muestran que eso solo fue posible tras años de debate y de marchas ciudadanas, y tras una votación en 2011 que obligó a mostrar los contratos secretos de la privatización. Volver a comprar el acueducto le costó a la ciudad más de mil millones de euros. París y Berlín enseñan lo mismo. Lo público sí puede funcionar, pero volver atrás cuesta plata y gente preparada.

Recuperar un servicio tampoco es gratis. Puede costar indemnizaciones, demandas, contratar gente, comprar equipos y tuberías, hacer las obras pendientes y asumir deudas. Y nadie puede prometer que las tarifas bajen solo porque el agua vuelva a manos públicas. La lección para cualquier alcalde o gobernador es sencilla. Privatizar cuesta, y deshacer esa decisión también. Antes de mover un dedo hay que sacar bien las cuentas. El gasto a largo plazo, lo que el contrato obliga a hacer, las obras necesarias, hacia dónde van las tarifas, quién vigila el servicio, cómo se puede salir del contrato y cuánto costaría, más adelante, echar todo para atrás.

Conviene recordar a Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009. Sus estudios (Ostrom, 2000) mostraron algo que en el campo se sabe de sobra. Cuando un grupo de personas comparte un bien, puede poner sus propias reglas y cuidarlo bien. Su aporte muestra que la discusión no se acaba entre el Estado y las empresas. Alrededor del agua también hay comunidades, juntas de usuarios y acueductos comunitarios. En Nariño llevan años funcionando y trabajando en red, desde las juntas de los acueductos rurales de Pasto hasta la red departamental de gestores y gestoras del agua. Así la pregunta cambia. Ya no es solo de quién es el acueducto. ¿Quién participa en las decisiones? ¿Quién vigila el servicio? ¿Quién responde cuando algo falla? ¿Y quién cuida las fuentes de donde sale el agua?

Cochabamba, Tucumán, París y Berlín dejan una conclusión prudente pero firme. Privatizar no es la solución para todo, y devolverle el agua al Estado tampoco hace milagros. Lo que separa un buen servicio de uno malo no es tanto quién es el dueño como las reglas del juego. Cuánto cuesta cada opción, quién responde si algo sale mal, qué calidad se garantiza, cómo se cuidan las fuentes, qué va a pasar con las tarifas y cómo puede la gente revisar lo que se decide en su nombre.

El agua puede tener un precio, pero su valor no cabe en una tarifa. Antes de decidir quién administra el servicio hay que mirar con calma cuál opción protege mejor a la gente, al territorio y a quienes vienen detrás. Y en Ipiales, como en cualquier municipio, esa decisión no es para que un alcalde la firme a puerta cerrada. Es de todo un pueblo que pregunta, revisa las cuentas y no acepta un contrato que nadie sea capaz de explicarle. Cuidar el agua es, al final, cuidar a las personas que viven del territorio.

ecpdavid@gmail.com j

Referencias

Beveridge, R., Hüesker, F., & Naumann, M. (2014). From post-politics to politics of possibility? Unravelling the privatization of the Berlin Water Company [¿De la pospolítica a la política de lo posible? Desentrañando la privatización de la empresa de aguas de Berlín]. Geoforum, 51, 66–74. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.021

Bremmer, I. (2023). El poder de las crisis: Cómo tres amenazas, y nuestra respuesta, cambiarán el mundo. Ariel. (Obra original publicada en 2022)

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/3, Laudo del 20 de agosto de 2007.

Cumbers, A., Pearson, B., Stegemann, L., & Paul, F. (2022). Mapping remunicipalisation: Emergent trends in the global de-privatisation process [Cartografía de la remunicipalización: tendencias emergentes en el proceso global de desprivatización]. Adam Smith Business School, University of Glasgow. https://eprints.gla.ac.uk/272257/

Ecuyer, B. (2024). Community water debts in Colombia: Financialisation from below? [Deudas del agua comunitaria en Colombia: ¿financiarización desde abajo?]. Geoforum, 154, Artículo 104049. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104049

Hailu, D., Osorio, R. G., & Tsukada, R. (2012). Privatization and renationalization: What went wrong in Bolivia’s water sector? [Privatización y renacionalización: ¿qué salió mal en el sector del agua de Bolivia?]. World Development, 40(12), 2564–2577. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.032

McDonald, D. A. (2018). Remunicipalization: The future of water services? [Remunicipalización: ¿el futuro de los servicios de agua?]. Geoforum, 91, 47–56. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.027

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva. Fondo de Cultura Económica; Universidad Nacional Autónoma de México. (Obra original publicada en 1990)

Pérard, E. (2009). Water supply: Public or private? An approach based on cost of funds, transaction costs, efficiency and political costs [Abastecimiento de agua: ¿público o privado? Un enfoque basado en el costo de los fondos, los costos de transacción, la eficiencia y los costos políticos]. Policy and Society, 27(3), 193–219. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2008.10.004

Razavi, N. S. (2019). “Social control” and the politics of public participation in water remunicipalization, Cochabamba, Bolivia [El “control social” y la política de la participación ciudadana en la remunicipalización del agua, Cochabamba, Bolivia]. Water, 11(7), Artículo 1455. https://doi.org/10.3390/w11071455

Razavi, N. S. (2022). Water governance in Bolivia: Cochabamba since the water war [La gobernanza del agua en Bolivia: Cochabamba desde la guerra del agua]. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003169383

Valdovinos, J. (2014). The remunicipalization of Parisian water services: New challenges for local authorities and policy implications [La remunicipalización de los servicios de agua de París: nuevos desafíos para las autoridades locales e implicaciones de política pública]. En C. A. Scott & B. de Gouvello (Eds.), The future of public water governance: Has water privatization peaked? [El futuro de la gobernanza pública del agua: ¿ha tocado techo la privatización del agua?] (pp. 23–36). Routledge. (Reimpreso de Water International, 37(2), 107–120, 2012, https://doi.org/10.1080/02508060.2012.662733)