La mañana del viernes 25 de julio, el Puente Internacional de Rumichaca se convirtió en el epicentro de una nueva crisis binacional. Más de 700 ciudadanos colombianos, que se encontraban privados de la libertad en distintas cárceles del Ecuador, comenzaron a ser deportados sin previo aviso ni coordinación con las autoridades colombianas. La Cancillería colombiana reaccionó con una fuerte protesta diplomática, mientras Ipiales tuvo que actuar con lo que tenía a mano.

Varios de los Colombianos deportados portaban aún uniformes de las penitenciarias  ecuatorianas 

Rumichaca como zona cero

Los primeros deportados comenzaron a llegar al puente sin que nadie en Colombia lo supiera. Ni la Cancillería, ni la Gobernación de Nariño, ni la Alcaldía de Ipiales habían sido informadas oficialmente. Fue el propio alcalde, Amílcar Pantoja, quien acudió al lugar junto con la Policía para intentar organizar el ingreso y realizar un censo básico.

“Todo fue inesperado. Nadie nos avisó. Estamos haciendo lo posible con lo que tenemos”, expresó Pantoja ante medios locales, mientras supervisaba la llegada de los connacionales.

Una medida sin coordinación

Según el Gobierno de Ecuador, esta deportación masiva hace parte de una política interna para reforzar su seguridad nacional, asumida hace más de un año, en medio del conflicto armado interno declarado en abril de 2024. Las autoridades ecuatorianas han justificado la medida, señalando que los ciudadanos colombianos estaban involucrados en presuntos delitos graves, y que su permanencia en ese país representaba un riesgo para el orden público.

La nueva normativa ecuatoriana permite expulsar a extranjeros, incluso si no han cumplido la mitad de su condena, siempre que se comprometan a no regresar en los próximos 40 años. Pero en Colombia nadie fue notificado con anticipación, y los connacionales fueron entregados en Rumichaca sin documentación ni protocolo, lo que ha dificultado su identificación y revisión jurídica.

📌El comunicado de la Cancillería: protesta enérgica

Frente a la falta de coordinación y el desorden en la frontera, la Cancillería colombiana publicó un comunicado en su cuenta oficial de X, expresando su rechazo categórico a la medida:

“El Gobierno del Ecuador, de manera unilateral, ha dado inicio hoy al proceso de deportación de nacionales colombianos (…), desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas (…). Las autoridades ecuatorianas han decidido iniciar el proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados (…), e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.

En ese mismo mensaje, Colombia calificó la medida como un “gesto inamistoso” y anunció que está evaluando posibles acciones diplomáticas para atender la situación y evitar nuevas arbitrariedades.

📌Preocupación por seguridad y documentación incompleta

Las autoridades locales en Ipiales expresaron preocupación ante la posibilidad de que muchos de los ciudadanos deportados queden en libertad en Colombia, sin que se tenga certeza sobre su situación jurídica en el país. Hasta ahora, no se han entregado listas oficiales ni expedientes individuales que permitan establecer si los connacionales enfrentan procesos judiciales vigentes aquí o si requieren atención especial.

Además, se conoció que toda la información relacionada con los deportados está bajo el control exclusivo de la cónsul colombiana en Quito, Paula Andrea Perdomo, quien, según fuentes de la Cancillería, habría recibido los datos hace más de dos semanas, pero no los compartió con otras sedes consulares.

El Puente de Rumichaca, acostumbrado a ser punto de tránsito y comercio, vive ahora una situación compleja e inesperada. La falta de coordinación internacional, la improvisación logística en la frontera y el manejo reservado de la información han dejado a cientos de ciudadanos colombianos en una especie de limbo legal. Mientras tanto, Ipiales sigue recibiéndolos, haciendo lo posible por responder a una crisis que no provocó, pero que hoy enfrenta en primera línea.

Hasta el momento, únicamente seis de los deportados registran antecedentes judiciales en Colombia, mientras persisten las alertas por la falta de coordinación binacional.

Según último informe de la Policía en Nariño, hasta el momento han ingresado al país 225 connacionales que estaban privados de la libertad en el vecino país y que fueron devueltos a través del Puente Internacional de Rumichaca.

Las autoridades migratorias y policiales han verificado los antecedentes judiciales de cada uno de los deportados. De ellos, solo seis presentan procesos vigentes en Colombia por delitos como hurto, porte ilegal de armas y narcotráfico. Los demás no tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana y, por tanto, han quedado en libertad.

El proceso de deportación continúa en marcha y se espera que más ciudadanos colombianos lleguen en los próximos días. Este flujo ha generado preocupación entre las comunidades fronterizas, especialmente en Ipiales, por los posibles riesgos en materia de seguridad y por la limitada coordinación entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para gestionar este tipo de situaciones.

Las autoridades locales hacen un llamado urgente a establecer protocolos binacionales que garanticen un manejo ordenado y seguro de las deportaciones, y protejan tanto los derechos de las personas como la tranquilidad de las poblaciones fronterizas.