Dicen los expertos que el intempestivo cambio en la cotidianidad de todos, será seguramente lo normal en adelante porque el Covid-19 llegó para quedarse. Tendremos entonces que acostumbrarnos a cumplir con permanentes prevenciones biológicas y sociales, hasta cuando la ciencia obtenga la vacuna y el mundo la comercialice, tal como ha pasado con otros virus en la historia moderna de la humanidad, con los cuales también seguiremos compartiendo el aire del planeta.

La alarma social que para muchos, irresponsablemente en las calles no existe, tal vez hizo que el común de la gente además de tener prioridad en la salud y los alimentos, incertidumbre por las obligaciones bancarias, el pago de los servicios públicos domiciliarios y padecer forzosamente el aislamiento preventivo, olvidara que vivimos bajo un régimen sujeto a normas y bajo las directrices de las autoridades que conforman las instituciones de las Ramas del Poder Público las que, estando constituidas por personas de carne y hueso, también son integrantes de familias y poseedoras de angustias, como cualquier ser humano.

Sin embargo, se trata de la prestación de servicios esenciales del Estado que no pueden ausentarse por su sensible connotación en la misma comunidad. Hablo inicialmente de la justicia, cuya función fue suspendida a partir del 16 de Marzo pasado, con excepciones en el trámite de tutelas y las diligencias penales con personas privadas de la libertad, dejando al ciudadano que es el usuario de la misma, en otro campo de espera, paralelo a su encierro obligatorio.

La emergencia sanitaria hizo evidente que la Rama Judicial se encuentra rezagada en tecnología y que todos los gobiernos nunca la han tenido dentro de sus prioridades funcionales y presupuestales. El llamado “Expediente electrónico” que como convenio surgió a finales de 2018 por iniciativa del Consejo de Estado, dentro del “Plan de Justicia Digital”, y como proyecto piloto entre el gobierno nacional y la Rama Judicial, tendiente a brindar una administración de justicia más eficiente, más ágil y aportante al medio ambiente, aún no funciona. La justicia no estuviera totalmente paralizada, como sí lo está la economía, si los procesos judiciales ya estuvieran digitalizados y las audiencias fueran posibles on line, sin exposiciones biológicas innecesarias -conforme los protocolos de salubridad-, entre todos quienes deban hacer parte de ellas.

La Rama Legislativa también ha sufrido parálisis en sus actividades y no ha encontrado la forma válida para realizarlas, porque la cuarentena nacional no se adecúa a la norma existente -Art. 140 de la Constitución Política- como causal diversa a la perturbación del orden público, requerida para sesionar en sede distinta –desde las residencias de los congresistas-, y el uso de la internet era algo inimaginable para los constituyentes de 1991. Por este vacío Constitucional los congresistas se encuentran en forzoso receso y la función legislativa, propia de su inherente naturaleza, está temporalmente en cabeza del presidente de la República –Rama Ejecutiva-, quien la cumple a través de los decretos con fuerza de Ley dictados, con ocasión del estado de emergencia previamente promulgado. Algunos congresistas para tratar cruciales temas pendientes para el país, como las reformas política y a la justicia, entre otros y el control político, propusieron, sin resultado positivo, actuar individualmente a través de plataformas digitales, conformando los debates esa manera en la plenaria y las comisiones de las dos cámaras.

Así las cosas, el trípode donde reposa la autoridad del Poder Público como estructura de nuestra democracia, sólo está sostenido por una pata. Las otras dos están en receso. Sin que se pueda hablar por esa situación de una monarquía, lo cierto es que gracias al Covid-19, la nación supo que la era digital no puede servir solamente para alimentar la farándula en las redes sociales, ni solamente como eficiente herramienta de comunicación pública. La tecnología debe ser parte presupuestalmente de los mecanismos necesarios para que las instituciones puedan cumplir, en cualquier tiempo, eficientemente con los fines del Estado.

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