Ipiales, 9 de mayo de 2025 | Pero más allá de la disputa política nacional, ¿qué implicaría cada uno de estos cuestionamientos para un municipio como Ipiales, donde el desempleo, el mal pago salarial, la informalidad, l contratación amañada y la migración fronteriza marcan la vida cotidiana?

Aquí te lo explicamos, pregunta por pregunta:

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

Limitar la jornada laboral diurna a un máximo de 8 horas puede significar un avance en la protección de los derechos laborales, especialmente en contextos como el de Ipiales, donde muchos trabajadores —sobre todo en el comercio informal y el transporte— enfrentan largas jornadas sin garantías mínimas. Esta propuesta también podría reforzar la implementación de la Ley 2101 de 2021, que reduce gradualmente la jornada semanal a 42 horas, y promover una cultura laboral más digna y humana.

Sin embargo, también es importante considerar que una restricción rígida podría afectar a trabajadores independientes, pequeños comerciantes y sectores que dependen de horarios flexibles. Además, el problema principal en la ciudad no es la falta de normas, sino el bajo cumplimiento de las existentes, debido a una débil capacidad de fiscalización estatal.

En resumen, si bien la medida apunta a garantizar condiciones laborales más justas, su eficacia dependerá de un acompañamiento institucional fuerte, adaptaciones para contextos específicos y un enfoque que priorice la formalización y el cumplimiento real de los derechos laborales.

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

Esta propuesta busca reconocer de manera justa el esfuerzo de quienes deben trabajar durante los días de descanso, algo común en una ciudad como Ipiales, donde el turismo religioso y el comercio se activan especialmente los fines de semana y festivos. Un recargo del 100 % representaría un avance en equidad laboral y podría mejorar las condiciones de vida de cientos de trabajadores en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, este cambio puede significar un aumento considerable en los costos operativos, especialmente para pequeños negocios. Esto podría llevar a una mayor informalidad o a prácticas como la contratación sin garantías, para evitar el pago del recargo. Por tanto, su implementación requeriría medidas complementarias que promuevan la formalización y eviten impactos negativos en el empleo.

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

Esta propuesta podría impulsar la economía local al facilitar el acceso a crédito y estímulos para mipymes, especialmente aquellas rurales, artesanales o lideradas por mujeres. En una ciudad como Ipiales, donde muchas pequeñas unidades productivas enfrentan barreras financieras, estos incentivos serían una herramienta clave para fomentar el emprendimiento y la organización asociativa.

No obstante, también existen riesgos de que estos beneficios no lleguen a su destino. La limitada capacidad institucional, la falta de grupos asociativos sólidos y la débil gestión pública podrían impedir que las mipymes locales accedan a estos recursos. Sin una estrategia clara de acompañamiento técnico y fortalecimiento organizativo, el impacto real de la medida podría diluirse.

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

Esta propuesta representa un avance en salud laboral y dignidad humana, especialmente para las mujeres que enfrentan condiciones menstruales dolorosas o debilitantes. Reconocer estos permisos sería un paso hacia una política laboral más inclusiva, que respete las diferencias biológicas y priorice el bienestar físico y emocional.

Sin embargo, su aplicación efectiva requiere un sistema de salud accesible y oportuno, algo que en Ipiales aún es un reto. Además, sin controles adecuados, la medida podría generar discriminación laboral hacia las mujeres, incentivando prácticas como exigir exámenes médicos invasivos o desincentivando su contratación. Para evitarlo, se necesitarían garantías legales claras y mecanismos de vigilancia para prevenir abusos.

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

La propuesta apunta a fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, reconociendo su derecho a participar activamente en la vida productiva del país. En ciudades como Ipiales, donde aún persisten estigmas, barreras físicas y sociales, esta medida podría abrir oportunidades reales de empleo formal para una población históricamente marginada. Además, establecer una cuota obligatoria permitiría avanzar en el cumplimiento efectivo de las leyes que protegen a este grupo, muchas veces ignoradas o mal aplicadas.

Sin embargo, su implementación enfrenta varios desafíos. En el contexto ipialeño, pocas empresas cuentan con más de 100 trabajadores, por lo que la medida podría tener un alcance limitado si no se acompaña de estímulos e incentivos también para las mipymes. Además, la falta de políticas municipales activas, una débil fiscalización y la ausencia de programas de formación e intermediación laboral adaptados a esta población pueden hacer que el cumplimiento sea más formal que efectivo. A esto se suma la urgencia de adaptar espacios laborales y generar conciencia sobre las capacidades y aportes de las personas con discapacidad.

En resumen, aunque la medida es justa y necesaria, su impacto dependerá del compromiso empresarial, el apoyo institucional y una estrategia integral que promueva inclusión más allá de las cifras.

6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

Muchos jóvenes ipialeños realizan prácticas técnicas sin recibir una remuneración digna, lo que limita su desarrollo profesional y su capacidad para cubrir necesidades básicas. Este cambio, que implicaría que los aprendices tengan un contrato laboral, les permitiría acceder a derechos fundamentales como la seguridad social, una retribución económica justa y beneficios laborales, lo cual podría reducir considerablemente la deserción escolar. Además, mejoraría la inserción laboral de los jóvenes al ofrecerles una experiencia más estable y vinculada a la práctica profesional, lo que aumentaría su competitividad en el mercado laboral.

Sin embargo, este cambio plantea varios interrogantes que deben ser considerados. Como en los cuestionamientos anteriores, surge la duda sobre cuáles serían las garantías para asegurar que el empleador cumpla con las normativas laborales y no abuse de los aprendices. También es importante reflexionar sobre el impacto que esta medida podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas, quienes podrían verse afectadas por el aumento de costos laborales, lo que podría generar una resistencia al cambio.

Los establecimientos comerciales y pequeñas empresas locales, por ejemplo, prefieren muchas veces pagar la sanción que impone el SENA a quienes incumplen la obligación de apoyar y contratar a aprendices, en lugar de asumir los costos y responsabilidades que implicaría un contrato laboral. Esto refleja una falta de incentivos o mecanismos que motiven a los empleadores a formalizar los contratos y a involucrarse en la formación de los jóvenes. La pregunta clave, entonces, es cómo lograr un equilibrio que beneficie tanto a los jóvenes aprendices, dándoles las condiciones laborales necesarias para su desarrollo, como a los empleadores, asegurando que estos no se vean sobrecargados por una carga económica que podría dificultar la sostenibilidad de sus negocios.

7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

En Ipiales, aunque algunas plataformas de domicilios ya están operando, lo hacen de manera no formal. Esta informalidad genera una serie de desafíos tanto para los trabajadores como para las plataformas, pues los primeros no cuentan con acceso a beneficios laborales como pensión, salud o riesgos laborales. La formalización de estos trabajadores no solo garantizaría sus derechos fundamentales, sino que también les ofrecería una mayor seguridad económica y social, protegiéndolos ante cualquier eventualidad, ya sea enfermedad, accidente o vejez. Además, contar con seguridad social les permitiría tener acceso a servicios médicos, lo que es un beneficio directo para la salud de estos trabajadores.

Sin embargo, la resistencia de las plataformas ante la formalización de sus trabajadores es comprensible en algunos casos. El costo asociado a asumir responsabilidades laborales, como el pago de la seguridad social, pensiones o riesgos laborales, podría generar un impacto económico significativo, especialmente en plataformas que operan bajo un modelo de negocio flexible y no estructurado. Muchas de estas plataformas no tienen una estructura empresarial formal; en su mayoría son negocios de carácter familiar o autónomo que no cuentan con la capacidad administrativa o financiera para hacer frente a las exigencias laborales.

El hecho de que muchas de estas plataformas no estén registradas como empresas de servicios en línea tampoco facilita la implementación de una normativa laboral que regule su funcionamiento. Esto implica que, al tratar de obligarlas a cumplir con los requisitos de contratación y seguridad social, se enfrentaría a un proceso complicado y quizás lento, debido a la falta de registros formales y de la infraestructura adecuada en estas pequeñas empresas. Además, muchas de estas plataformas operan bajo un sistema descentralizado, lo que hace aún más difícil la aplicación de normativas centralizadas que afecten a todos los trabajadores del sector.

Por otro lado, el avance hacia la formalización debe considerar mecanismos que permitan la adaptación de las plataformas, incentivando la inclusión de los trabajadores en un sistema formal que proteja tanto a los empleados como a los empleadores. Esto puede incluir desde la simplificación de los trámites para las plataformas más pequeñas hasta la creación de incentivos fiscales o subsidios que ayuden a mitigar los costos que implica asumir la formalización. De esta manera, se buscaría un equilibrio que fomente la inclusión laboral sin ahogar a las plataformas en una carga económica que pueda poner en riesgo su operatividad.

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

En un municipio como Ipiales, con una clara vocación agrícola, establecer un régimen laboral especial para los trabajadores agrarios podría ser una medida transformadora. Actualmente, muchos de los trabajadores rurales viven en condiciones de precariedad, sin contratos formales, sin acceso a prestaciones sociales y sin estabilidad laboral. Esta falta de formalidad no solo afecta su bienestar personal y familiar, sino que también les impide acceder a servicios de salud, pensión y otros beneficios que son esenciales para su seguridad económica. Un régimen laboral especial, con derechos garantizados y salario justo, podría ofrecerles la protección que necesitan y reconocer su importante labor en la producción de alimentos, lo que contribuiría a mejorar su calidad de vida.

Si se implementa con seriedad, este régimen podría transformar el panorama del campo ipialeño, brindando a los trabajadores agrarios una mayor estabilidad, lo que redundaría en un impacto positivo en la productividad agrícola. Sin embargo, uno de los principales desafíos radica en la estructura del mercado laboral agrícola en el municipio. Ipiales carece de grandes empresarios del campo; los empleadores son en su mayoría pequeños campesinos que, al igual que sus trabajadores, enfrentan enormes desafíos económicos. Estos pequeños productores viven bajo el constante riesgo de pérdidas en la producción debido a factores como el cambio climático, las fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas y el incremento en los costos de los insumos agropecuarios. En muchas ocasiones, ni siquiera tienen la capacidad de garantizar un salario mínimo o un pago por jornal a sus trabajadores, lo que agrava aún más la situación de los jornaleros.

El establecimiento de un régimen laboral especial no debe recaer únicamente sobre los hombros de los pequeños campesinos. El Estado tiene un rol crucial en este proceso y debería comprometerse a subsidiar el empleo en el sector agropecuario. Esto permitiría que los pequeños agricultores puedan formalizar sus relaciones laborales sin que esto represente una carga insostenible para sus finanzas. Al subsidiar el empleo en el agro, se incentivaría el aumento de la producción y la generación de empleo formal, lo que beneficiaría a los jornaleros, quienes finalmente verían reconocidos sus derechos laborales. De esta forma, el régimen laboral especial podría no solo mejorar las condiciones de los trabajadores del campo, sino también contribuir al fortalecimiento de la economía rural de Ipiales, creando un círculo virtuoso que beneficia a todos los actores del sector agrícola.

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

Eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos que vulneran los derechos laborales es una medida urgente y necesaria para erradicar prácticas injustas que prevalecen en diversas entidades públicas y privadas. A través de estos mecanismos, los trabajadores son contratados sin que se les reconozcan sus derechos fundamentales, como salario digno, prestaciones sociales, seguridad social y estabilidad laboral. En Ipiales, esta situación afecta a un número significativo de trabajadores, especialmente en sectores clave como los servicios públicos y la salud, donde se ha normalizado la contratación precaria a través de intermediarios.

En estos sectores, muchas veces se utilizan contratos a través de modalidades como OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), que no garantizan la seguridad social ni otros beneficios. Aunque la ley prohíbe explícitamente la contratación de trabajadores a través de cooperativas, en Ipiales esta práctica continúa de manera soterrada, lo que genera una situación de explotación laboral. Los trabajadores que se ven obligados a aceptar estos contratos precarios no tienen otra opción, ya que, a menudo, dependen de este tipo de empleo para su sustento. Esta falta de alternativas crea un círculo vicioso de vulnerabilidad, donde los derechos laborales son constantemente atropellados.

Eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos que violan los derechos de los trabajadores no solo sería un acto de justicia social, sino también un paso hacia la formalización del empleo. Al reconocer los derechos laborales de los trabajadores que actualmente se encuentran en situaciones de precariedad, se mejoraría significativamente su calidad de vida y estabilidad económica. Además, la formalización de estos contratos permitiría que los trabajadores tuvieran acceso a prestaciones como pensiones, salud, riesgos laborales, y otros beneficios, lo cual representaría una mejora en las condiciones laborales de sectores clave como los servicios públicos y la salud.

Esta medida también ayudaría a crear un entorno laboral más justo y equilibrado, donde los empleadores no puedan seguir eludiendo sus responsabilidades a través de mecanismos de contratación abusivos. Sin embargo, para que esta eliminación de la tercerización sea efectiva, debe haber un compromiso tanto de las autoridades como de las empresas para implementar políticas que garanticen una contratación directa y justa, promoviendo la transparencia y el respeto por los derechos laborales de todos los trabajadores.

10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

A primera vista, se trata de una propuesta que busca saldar una deuda histórica con sectores tradicionalmente excluidos del sistema laboral. En ciudades como Ipiales, donde miles de personas viven del “rebusque”, esta medida podría significar un avance en dignidad y protección social, permitiendo acceso a salud, pensión y estabilidad económica.

Sin embargo, también hay reparos importantes. Formalizar solo a ciertos oficios puede terminar siendo una forma de discriminación encubierta, pues todos los trabajadores deberían tener acceso a las mismas garantías, sin necesidad de crear categorías especiales. Además, si no se acompaña de una estrategia clara y sostenible, el riesgo es que la medida quede en el papel. Para quienes viven al día, cotizar a seguridad social sin apoyo estatal podría ser más una carga que un beneficio. Por eso, aunque la intención es positiva, el votante debe considerar si esta propuesta apunta a una solución estructural o solo simbólica.

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

Promover los contratos a término indefinido como regla general puede representar un cambio significativo en la vida laboral de muchos trabajadores en Ipiales, donde la informalidad y la inestabilidad son pan de cada día.

Para la mayoría, contar con un contrato estable significaría ingresos constantes, acceso a derechos laborales plenos y la posibilidad de planificar una vida con mayor seguridad. Además, en una ciudad como Ipiales, que cuenta con capital humano disponible y una economía con potencial de crecimiento si se gestiona con visión, esta medida podría impulsar un mercado laboral más justo, al tiempo que fortalece el tejido social y económico local.

No obstante, también hay que considerar que algunos empleadores podrían percibir esta obligación como una carga adicional, sobre todo si no se acompaña de incentivos que faciliten la formalización o reduzcan los costos asociados. En pequeñas empresas o sectores con márgenes estrechos, esta exigencia podría incluso frenar la contratación o aumentar la informalidad si no se regula con cuidado. La estabilidad laboral es un objetivo deseable, pero debe implementarse de manera gradual, equitativa y con herramientas que permitan su sostenibilidad tanto para trabajadores como para empleadores.

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Constituir un fondo especial para otorgar un bono pensional a campesinos y campesinas es una propuesta que toca una realidad profundamente sentida en el Ipiales rural, donde gran parte de la población ha dedicado su vida al trabajo en el campo sin acceso a sistemas formales de cotización.

Reconocerles una pensión sería un acto de justicia social, una forma de dignificar su labor silenciosa y garantizarles una vejez con algo de seguridad. Sin embargo, la pregunta clave es cómo se financiará ese fondo. Si no hay claridad sobre los recursos, su sostenibilidad podría verse comprometida y, en el peor de los casos, podría terminar siendo otra promesa incumplida. Además, si se gestiona mal, podría generar tensiones con quienes sí han cotizado durante años bajo un sistema desigual.

Aun así, para una región como Ipiales, donde el campo sostiene buena parte de la economía local y cultural, esta iniciativa puede marcar la diferencia si se construye con responsabilidad fiscal y participación directa de las comunidades campesinas.

¿Qué viene ahora?

Esta consulta aún debe ser aprobada por el Senado. Si avanza, tendremos que decidir entre el “sí” y el “no” antes del 1 de septiembre. La clave está en que los ciudadanos entiendan qué está en juego, y en municipios como Ipiales, eso implica llevar el debate a las veredas, barrios y sindicatos.

Porque no se trata solo de una reforma laboral. Se trata de cómo queremos vivir y trabajar en nuestra propia ciudad.