Indiscutiblemente todos los estados demócratas se han comprometido históricamente a respetar los derechos fundamentales de los hombres y, el nuestro se dice que está en ese contexto, aunque algunos se han apartado del respeto a la dignidad humana.

En el marco de este concepto nuestra constitución garantiza los derechos humanos cuando dispone que debe respetarse l9os derechos a la vida, salud, seguridad social, intimidad, nacionalidad, identidad, educación, libertad personal, libertad de expresión, libertad de conciencia e integridad física, psíquica y moral, entre otros.

Cuando algún sector de la sociedad, ya sea en el campo social, económico, laboral, educacional, cree que se están conculcando sus derechos, decide hacer reclamación al gobierno para lograr sus reivindicaciones.

Toda exigencia, protesta, demanda, reivindicación, bien venida sea, porque así lo garantiza la Constitución y la Ley. Ahora bien, en dónde empezamos a disentir con los protestantes es en la forma de la protesta que ahora genéricamente llamamos “paros”.  

El grupo manifestante decide, cuando ha agotado toda conversación, toda audiencia con el gobierno, entrar en paro. Lamentablemente el paro significa detener la movilidad en las vías con lo que se inmoviliza toda una región.

Y entonces aquí viene la primera pregunta: ¿Qué pasa con los derechos de la inmensa colectividad que se ve perjudicada con toda esa inmovilización de hecho? Cuando esto ocurre se pisotea un principio universal: el bien general, prima sobre el bien particular.

Una protesta, venga de donde venga, que obligadamente deje a la población paralizada, viola los derechos de la mayoría de la colectividad, porque históricamente se ha creído equivocadamente que la protesta debe ser sinónimo de bloqueo de carreteras y en nuestro medio bloqueo del puente Internacional de Rumichaca, con cuya medida la protesta y el daño se vuelven internacionales.

Eugenio Trujillo Villegas ha escrito el libro: “La extorsión indigenista” “Una amenaza para el Cauca y para Colombia”. En mi columna del 13 de abril de 2023, https://www.laipialenisima.com/la-extorsion-indigenista-jairo-bravo-velez/ afirmo: “Decidí hacer un breve comentario sobre el libro por dos razones: es el primer analista, escritor, periodista, tratadista, que yo sepa, en atreverse a descubrir una realidad, una verdad, un hecho social, conocido por todos, vox populi, convertido en silencio social, que es el corre, ve y dile en todas las tertulias, pero que nadie se atreve a descubrir. Y, como segunda razón, que refleja fielmente la realidad que nosotros también vivimos, o mejor, que igualmente soportamos”

Cuando los indígenas, del Cauca o de Nariño, resuelven realizar una protesta, de inmediato taponan la vía que de Rumichaca conduce a Cali, e ipso facto el Departamento de Nariño queda inmovilizado totalmente.

¡Por Dios! Hemos tenido bloqueos hasta de casi dos meses. ¿Acaso no somos testigos de cómo se pierden todos los productos agrícolas que dan vida a esta Nación? ¿De cómo se paraliza el comercio, la industria, el transporte?

Se riega la leche, se deja que la papa se pudra en la tierra. Los trabajadores agrícolas asalariados sufren hambre porque trabajan al día, y, nadie dice nada, nadie aboga por ellos. Las pérdidas de los finqueros son asombrosas, igual la de los transportadores. Y, nadie dice nada.

Los obreros que dependen del trabajo diario en el transporte como conductores asalariados, cargueros, vendedores de comida, mecánicos, etc., sufren por su diaria subsistencia, y nadie dice nada. Los comerciantes obligadamente deben cerrar sus negocios y sus trabajadores quedan a la deriva, y nadie dice nada. Los restaurantes que proporcionan comida a transportadores y viajeros tienen que dejar tapadas sus ollas y los trabajadores que dependen de esa actividad ni siquiera pueden rasparlas. Y nadie dice nada. No podemos olvidarnos de los constructores y de cuantiosa mano de obra que queda vacante.

Los dirigentes indígenas tienen una sola posición: constreñir al gobierno para que les conceda sus reclamos, obligar ante la situación planteada. Si no se nos conceden nuestras demandas no levantamos el paro.

En un sector cualquiera de la vía se asientan miles de indígenas – yo preferiría llamarlos campesinos pobres – en donde permanecen hacinados en contra de las medidas sanitarias más elementales, contaminando el medio ambiente, pero generando, sin ellos darse cuenta siquiera, del daño inconmensurable que hacen al resto de pobladores, y, lo que es peor, con el dinero de todas las víctimas, una completa hecatombe.

Nuestro Código Penal en su artículo 182, dice: “El que, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión…”

¿Quién puede decirme que no hay constreñimiento contra el gobierno cuando se lo pone en esa posición perentoria? O nos da lo que pedimos o no levantamos el paro. El gobierno es obligado a ceder a dar o conceder y eso es constreñimiento.

Las protestas, las reclamaciones, las demandas, las reivindicaciones, por justas que sean, si se hacen perjudicando al resto de la población con bloqueos, con carreteras taponadas, se convierten en un delito castigado por nuestro estatuto penal. Los dirigentes que así actúan son unos inconscientes, se ubican en el artículo 182 del Código Penal.

Que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir nada, es cierto. Todos hemos sido cómplices de este actuar delictivo por omisión, por temor a la retaliación indígena o por no perder sus votos cautivos. Me dice una señora amiga mía: no aguantamos más, como puede ser posible que siete mil indígenas nos aplasten, según su decir, a ciento ochenta mil de ipialeños. Así es.

Hemos tenido perdidas incontables con los constreñimientos indígenas y nadie responde por ellas. Quién le responde al lechero, al ganadero, al comerciante, al vendedor, al transportador. Una región como la nuestra, tiene que buscar una solución y tiene que ser ¡YA! Contrario sensu seguiremos en el atraso.

Lo deplorable es que esa cultura del chantaje, de la coacción, del expolio, se ha extendido a otros sectores. Se ha universalizado, lastimosamente. Todos los sectores inconformes con alguna situación creen tener derecho al paro, a la protesta. Será válida siempre y cuando no se perjudique el bien común, pero si hay el cierre de vías que paralizan a un país se convierte en un hecho ilícito.

El pasado paro de transportadores inmovilizó a todo el País; no fue una movilización de protesta cualquiera, los dirigentes lo sabían, era un paro de camioneros.

Cuando los dirigentes del transporte deciden protestar y apagan sus motores, en hora buena, están en todo su derecho; Pero, si apagan sus vehículos en las carreteras, -como ocurrió-, paralizan todo un País.

Se han ubicado en el campo del constreñimiento. No se puede valorar aún el inmenso, inconmensurable daño que le hicieron a este país. Es cierto que el transportador tiene graves problemas insolutos, se puede decir que es el sector más golpeado por los gobiernos. Pero, lo que hicieron los pone del lado del chantaje y nos obligaron a todos los colombianos a orar por la convivencia, por la tolerancia y por el bien común, ante el desolador panorama.

El 10 de diciembre de 2016 en Oslo, el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, expresó: El sol de la paz brilla, por fin, en el cielo de Colombia. ¡Que su luz ilumine al mundo entero”! Yo sinceramente no la he visto brillar.

 jairobravo2010@hotmail.es