En Ipiales, a excepción de la Registradora María Victoria Caicedo Calderón,  los 6 funcionarios de planta se mantienen en  paro Nacional en espera de las negociaciones que en la Capital de la República se adelantan por parte de los representantes de Sintranore, Sindipública y Sintrafé, organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores de la Superintendencia de Notariado y Registro en todo el país.

Álvaro Muñoz, vocero de los funcionarios que integran la oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Ipiales, en declaraciones para La Ipialeñísima, manifestó que en el ámbito nacional, hay problemas de hacinamiento y salud ocupacional, hace falta más personal para prestar el servicio, hay contratistas sin estabilidad laboral ni condiciones de trabajo decentes, y se hace urgente una nivelación salarial, puesto que en Notariado y Registro se pagan los sueldos más bajos de todas las Superintendencias, además, reclaman el porcentaje que por ley le corresponde de la venta de servicios tales como: expedición de certificados, registros catastrales, de compraventa, y demás, recursos que, según los dirigentes sindicales han sido desviados al Inpec.

Añadió el funcionario de la Oficina de Ipiales que en los últimos años se les ha recortado el presupuesto  lo cual es lesivo para el  normal funcionamiento de la Entidad que carece de insumos como papelería, elementos de aseo y esta atrasada tecnológicamente lo que desemboca en el desmejoramiento del servicio a la ciudadanía, que en esta ciudad tramita un promedio de 300 documentos diarios

Álvaro Muñoz anotó que la titular de la Registraduría en Ipiales, se ha mostrado en desacuerdo con la decisión de paro, por lo que no se cuenta dentro del grupo de manifestantes en esta ciudad y ha decidido atender al público, asumiendo todas las tareas que conlleva la expedición de un documento, actitud que se respeta por el resto de funcionarios.  Entre tanto sus compañeros se encuentran a la expectativa de las decisiones y resultados que se obtengan de las conversaciones que sus dirigentes sostienen con los Ministerios de Trabajo, Justicia y la misma Superintendencia en la ciudad de Bogotá.

También advirtió que  “en el marco de sus obligaciones y competencias, hará respetar la Constitución y la ley si se tiene en cuenta que estos ceses de actividades podrían ser declarados ilegales por parte de la jurisdicción ordinaria laboral, con la consecuente responsabilidad disciplinaria que esta decisión conlleva”.

Finalmente, el vocero de los trabajadores en la oficina de Registro de instrumentos públicos de Ipiales, anotó que “de no conseguirse ninguna respuesta favorable a las peticiones seguramente se llegara hasta el 21 de noviembre para sumarse al Gran Paro Nacional que tienen programado las centrales de trabajadores donde se protestará contra las reformas laborales y pensionales”