Ipiales – Nariño | 27 de julio de 2025 | Un ambicioso proyecto que prometía resolver el histórico problema de abastecimiento de agua potable en Ipiales hoy enfrenta serios cuestionamientos. La Contraloría General de la República (CGR) reveló un hallazgo fiscal por $18.855 millones, producto de una auditoría realizada en el primer semestre de 2025 al proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y optimización del sistema de acueducto en el municipio, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

La obra, concebida como una solución estructural para garantizar agua segura a más de 250 mil habitantes proyectados a 25 años, ha resultado ser, según el organismo de control, un ejemplo de deficiente planeación, mala gestión pública y riesgo sanitario para la población.

Lote donde actualmente se adelantan las obras de la PTAP para el municipio de Ipiales

Una promesa que tardó años en concretarse

La necesidad de optimizar el agua que consumen los ipialeños no es nueva. Durante años fue bandera de campañas políticas, pero solo hasta el periodo del exalcalde Ricardo Romero Sánchez el proyecto tomó forma concreta. Gracias a gestiones del exsenador José Aulo Polo, en noviembre de 2019 se confirmó, con la presencia del entonces ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que el proyecto era una realidad.

En octubre de ese mismo año, el entonces alcalde Romero anunciaba ante los medios de comunicación locales la aprobación definitiva del proyecto, financiado con $23 mil millones del Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales y la empresa EMPOOBANDO E.S.P.

Según el mandatario de ese entonces, se trataba de un proyecto que “garantizaba plenamente” la construcción de la nueva planta, al haberse cumplido todos los requerimientos exigidos por el Ministerio.

Posteriormente, durante la administración de Luis Fernando Villota Méndez, el 4 de septiembre de 2020, la Alcaldía anunciaba en redes sociales importantes compromisos con el Viceministerio de Agua. Un año después, el 30 de diciembre de 2021, la administración “Hablamos con Hechos” celebraba la aprobación del proyecto, con cambios importantes, por un valor de $28.045 millones.

Retrasos, obstáculos técnicos y silencio institucional

En 2022 comenzaron a evidenciarse los problemas. La Gobernación de Nariño expidió el decreto 0176, prorrogando la apertura del proceso de selección y/o expedición del acto que decretaría el gasto. A partir de entonces, se generó una cadena de incertidumbres, falta de información pública, demoras técnicas y dificultades administrativas que entorpecieron el desarrollo del proyecto.

En junio de 2024, ya bajo el mandato del alcalde Amílcar Pantoja, se conoció el acta de una reunión clave con participación del Ministerio de Vivienda, EMPOOBANDO, la Secretaría de Planeación y representantes de la interventoría. Allí se reportó que, aunque el avance físico de la obra era del 32,35%, presentaba un retraso del 10,7% respecto al cronograma.

Entre los principales cuellos de botella se encuentra la falta de definición sobre el predio para instalar la estación de bombeo, lo que ha impedido la adquisición de equipos fundamentales. Además, se alertó sobre la necesidad de gestionar una prórroga del contrato de interventoría, cuyo plazo venció el 4 de julio de 2024.

Un sueño que se desvanece entre informes y crisis

A pesar de los avances parciales —como excavaciones, instalación de tubería de 20”, obras hidráulicas y construcción del tanque de almacenamiento—, lo cierto es que la ciudadanía no percibe mejoras en el suministro de agua. Por el contrario, en 2024 Ipiales empezó a vivir una grave crisis de desabastecimiento de agua potable, sin una solución clara a la vista.

En ese contexto, la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas con su reciente auditoría, que expone diseños incompletos, mala ejecución de recursos y fallas que comprometen la calidad del agua. Lo que debía ser una obra modelo para la región hoy se ve envuelta en una investigación por presunto detrimento patrimonial que podría acarrear sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales.

¿Y ahora qué?

La ciudadanía ipialeña exige respuestas, transparencia y celeridad. Mientras la Contraloría avanza en sus indagaciones, se espera que el Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, se manifiesten y, tomen medidas correctivas urgentes para rescatar un proyecto que prometía garantizar un derecho esencial: el acceso al agua potable.