El alcalde reconoció que existen varias inconsistencias detectadas en la aplicación del acuerdo vigente: comercios categorizados en rangos que no correspondían a su actividad real, zonas  rurales facturadas pese a no contar con infraestructura de alumbrado, y cobros indebidos en zonas especiales como el entorno del Santuario de Las Lajas, donde la tarifa no se ajustaba a las características del servicio prestado. “Se estaban cometiendo errores que golpeaban a usuarios que no debían asumir esos valores”, sostuvo.

Pero uno de los puntos más sensibles —y más usados por la oposición— gira en torno al impacto tarifario. Pantoja insistió en que la narrativa de un “tarifazo” para los estratos populares no tiene sustento. Explicó que los estratos 1 y 2 representan cerca del 80% de los usuarios del municipio y que los ajustes fueron moderados: • En estrato 1, el incremento fue de $786, partiendo de una tarifa de $3.142. • En estrato 2, el aumento llegó a $1.047, sobre un valor previo de $4.190.

Calificó como “totalmente falsas” las cifras que circulan en redes, que hablan de incrementos de hasta $96.000 pesos en los sectores más vulnerables. Para el alcalde, esas versiones son “información manipulada” que busca generar pánico y convertir un tema técnico en arma política.

La reforma también incluye un componente estratégico: la creación de una empresa de economía mixta en la que el municipio tendría el 52% de participación accionaria. El objetivo, según Pantoja, es recuperar el control del servicio, modernizarlo y evitar que decisiones clave sigan supeditadas a operadores privados. Esto permitiría avanzar en uno de los proyectos emblema de la administración: el recambio masivo de cerca de 7.000 luminarias por tecnología LED, iniciativa que —según cifras oficiales— requiere un ajuste de la estructura financiera para sostener la inversión y garantizar una operación de largo plazo.

Las tensiones con el Concejo, sin embargo, se intensificaron. Algunos cabildantes que inicialmente respaldaron el proyecto político admistrativo del señor Pantoja Ipiales,  se han apartado, mientras otros denuncian falta de socialización y deficiencias en los estudios técnicos del proyecto que busca reformar el Acuerdo 052. Pantoja niega ambos señalamientos y afirma que los documentos fueron entregados con suficiente anticipación. “Esos argumentos se caen solos. Aquí no hubo improvisación”, dijo.

El ambiente político se enrareció aún más cuando el alcalde reveló que dos concejales le retiraron su apoyo alegando que “el sueldo no les alcanza”. Aunque evitó nombrarlos, aclaró que “no permitirá que temas salariales o presiones individuales interfieran en decisiones que afectan la estabilidad financiera de miles de ipialeños”.

El Concejo ahora tiene la tarea de estudiar la reforma, introducir modificaciones o incluso reabrir apartes del Acuerdo 032 de 2018, que también regulaba tarifas y estructura operativa del alumbrado. La decisión será determinante para definir si Ipiales avanza hacia un modelo con mayor control público o si mantiene el esquema que ha regido durante dos décadas.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la expectativa. En los barrios, la pregunta central no es jurídica ni política: ¿cuánto terminarán pagando los hogares?
El debate continúa abierto y el alumbrado público —un servicio básico que suele pasar desapercibido— se convirtió en el eje de una discusión que mezcla técnica, política, transparencia y confianza institucional.