La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la prensa independiente colombiana e internacional, a la fecha dan cuenta de 43 masacres durante lo corrido del año 2020, con 181 víctimas en su mayoría líderes sociales, campesinos, sindicalistas, indígenas y jóvenes estudiantes distribuidas departamentos como: de Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Desde los años 80 los colombianos nos acostumbramos, tristemente, a recibir ese tipo de noticias, entre las novelas y los partidos de la selección de fútbol, como lo normal del diario vivir. Nos volvimos un pueblo indolente y sobre todo en el momento de estar frente a las urnas.

Quienes vivimos la historia de la Constituyente de 1990, sentimos esa sensación optimista para que, a través de una nueva Carta Política, pudiéramos los colombianos obtener una reconciliación nacional y gozar de los derechos ciudadanos que nos pongan por encima de los poderes que algunos tenían aferrados como aquella gallina que -dice el cuento- pone huevos de oro a su favor, circunstancia persistente y generadora de ignorancia, miseria y violencia.

La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la libertad de cultos, la democracia participativa (ya no representativa), el régimen amplio de inhabilidades, la defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas, el cambio de los estados de excepción y su vigencia como regla general (el estado de sitio), los derechos fundamentales (la vida, el principal de ellos), el equilibrio en la designación de funcionarios de control e investigación, la paz como deber de Estado y la tutela, fueron los más destacados alcances que el pueblo colombiano pudo conseguir en 1991 y, en general, la creación institucional de un Estado moderno con mayores y amplias garantías ciudadanas, políticas y sociales, es decir, la definición del país como un Estado Social de Derecho.

Pero estas herramientas jurídicas con el paso del tiempo fueron cambiando con las más de 50 reformas Constitucionales que han sido forjadas y han servido, finalmente por y para las élites de los poderosos que siempre sintieron de los Principios de la Constitución de 1991, un listado de atentados contra el mantenimiento de su poder, o sea, de sus particulares privilegios. Desafortunadamente el apetito burocrático y económico de esas élites han hecho que las generosas garantías Constitucionales, sobre todo el de la paz, se mantenga para el pueblo como una reiterada exigencia y no como un derecho tangible.

Dijo el doctor Duque -el sábado pasado entre los gritos de los Samanieguenses que le exigían la paz y no le daban una cálida bienvenida- que, por la muerte de los nueve jóvenes inocentes en esa localidad, iba a incrementar la presencia militar por la expansión del narcotráfico. Simultáneamente, el Ministro de defensa desde Arauca, anunció la realización de consejos de seguridad y la creación de un “cuerpo élite” para la investigación de los homicidios múltiples, como ahora el Gobierno pretende denominar a las masacres. Tal vez para ellos así suenan mejor en sus convenientes estadísticas para los despistados destinatarios.

El término justicia es mucho más que proferir fallos judiciales, es cumplirle con derechos y deberes al pueblo pobre y al pueblo rico con la Constitución, no con preceptos comunistas de paternidad oficial ni expropiaciones revanchistas, ni con criterios de un salvaje capitalismo.

No habrá justicia mientras los gobiernos pretendan escudar su mezquindad social en investigaciones que ni siquiera tienden a condenar a los autores materiales de la criminalidad, menos responsabilizar a los poderosos de cuello blanco que de manera sistemática se nutren económica y electoralmente de esos criminales.

Estamos manejados por un funcionario que debe repetir los dogmas de su jefe como la inexistencia del conflicto armado que persiste gracias al narcotráfico que a su vez se mantiene en una connivencia pública, y a la negación pendenciera para implementar los acuerdos de La Habana, los que contienen nada menos que el deber ser histórico de todos los gobiernos para que los pueblos rurales y pobres no se vean obligados a delinquir para subsistir, haciendo parte como cultivadores de la cadena narcotraficante por el eterno abandono del Estado, el que además para empeorarles la situación que no mitiga, les envió más pobreza con la firma de los TLC.

Pasarán como han pasado los inútiles Consejos de Seguridad, las inmediatas y vehementes falsas promesas de exhaustivas investigaciones y ahora la creación de dizque cuerpos élites de seguimiento criminal. Mientras los gobiernos no adopten una seria política criminal de Estado y no tomen prioridades bajo los principios Constitucionales y, por el contrario, mantengan sus compartidos privilegios de grupos, la sociedad colombiana seguirá teniendo a la pobreza, la ignorancia y la criminalidad, como fenómenos que seguirán siendo parte del paisaje normal de nuestro país.

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