
La FLiP, organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión en Colombia, emitió dos pronunciamientos oficiales en los últimos meses en los que manifiesta su preocupación por el clima hostil al que se enfrenta la prensa local de Ipiales. Las alertas hacen referencia directa a las actuaciones y declaraciones del alcalde José Amílcar Pantoja, su equipo de gobierno, y la gestora social del municipio.
Según la Fundación, las expresiones provenientes de la administración municipal no solo desacreditan el trabajo de periodistas y medios independientes, sino que incitan a la ciudadanía a desconfiar de sus informaciones y, en algunos casos, a emprender acciones legales en su contra.

En oficios dirigidos al alcalde Pantoja, al secretario de Gobierno, Juan Carlos Morales, y al presidente del Concejo Municipal, Iván Darío Chalaca, la FLiP detalla varios episodios en los que se evidencia una narrativa estigmatizante hacia la prensa local. En uno de los documentos, fechado el 27 de mayo de 2025, se hace referencia a las declaraciones del secretario de Gobierno durante una rendición de cuentas ante el Concejo, en las que descalificó una publicación del medio CNC Ipiales que denunciaba el aumento de la inseguridad en el centro de la ciudad.
Morales afirmó que “las fotografías que allá (CNC Ipiales) se subieron son falsas” y añadió: “yo puedo perfectamente desde la óptica de un celular manipular la información”. También invitó a la ciudadanía a “basarse en fuentes oficiales”, lo que para la FLiP constituye un acto de deslegitimación del periodismo independiente.
“El uso de este tipo de discursos no solo desacredita a los medios, sino que puede aumentar el nivel de hostilidad contra los periodistas y deteriorar el ambiente democrático donde debe darse el debate público”, señala Sofía Jaramillo Otoya, directora ejecutiva de la FLiP.

Además, la Fundación recuerda que los medios digitales —como CNC Ipiales, entre otros— cumplen una función esencial en la nueva dinámica informativa y que su trabajo debe ser respetado como parte del ecosistema de comunicación en las regiones.
La situación no se limita a un caso aislado. La FLiP también documentó un episodio anterior, cuando la secretaria de Planeación Municipal, Lida González, criticó el trabajo del periodista Jonny Coral, quien publicó una nota sobre el proyecto de seguridad “Focus”. González, según el reporte, exigió al comunicador que cambiara el enfoque del titular por uno “objetivo, frío y cerebral” que “lleve a la gente a entender que algo bueno se está haciendo”.
La FLiP denuncia que tales exigencias representan una interferencia directa en la línea editorial de los medios, lo que podría constituir censura indirecta. En ese mismo contexto, se menciona que Viviana Guerrero, esposa del alcalde y gestora social, habría instado públicamente a que la ciudadanía iniciara acciones legales contra periodistas, lo cual incrementó el riesgo para quienes ejercen la labor informativa en la ciudad.
Cabe destacar que, tras estas declaraciones, el periodista Jonny Coral recibió amenazas de muerte, situación que encendió las alarmas sobre el nivel de vulnerabilidad que enfrentan los comunicadores en Ipiales.

La FLiP ha instado a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Ipiales a liderar una estrategia institucional orientada a fomentar un discurso respetuoso hacia la prensa, promover espacios de formación sobre el rol del periodismo en la democracia y fortalecer canales de comunicación abiertos con los medios de la región.
Asimismo, ha solicitado que se emprendan acciones de control político y/o disciplinario frente a los funcionarios que estigmaticen el trabajo periodístico por no adherirse a la narrativa oficial.
“La prensa cumple un rol fundamental al ejercer control y vigilancia sobre lo público. Cualquier intento de condicionar su labor mediante sugerencias de tono o enfoque puede constituir censura y socava el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa”, enfatizó la Fundación.

A pesar de las advertencias, el alcalde Amílcar Pantoja ha desestimado las recomendaciones. En declaraciones recientes a una emisora radial local, insistió en dar “tips de redacción” y minimizar las críticas dirigidas a su administración, lo que la FLiP considera una conducta que persiste en desconocer el valor del periodismo independiente.
El llamado de la Fundación es claro: las autoridades tienen el deber de garantizar un entorno seguro y respetuoso para la prensa. La libertad de expresión no puede estar condicionada al agrado del poder.

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