En Ipiales, concejales de oposición e independientes denuncian bloqueos sistemáticos a su derecho a ejercer control político. ¿Se está vulnerando el pluralismo democrático?
Ipiales, 5 de mayo de 2025 | El Concejo Municipal de Ipiales se apresta a iniciar un nuevo periodo de sesiones ordinarias durante el mes de mayo de 2025. Las expectativas no son alentadoras para la bancada independiente: se presume que la mesa directiva, controlada por la coalición de gobierno, continuará con la estrategia de bloquear las proposiciones de control político que presenten los concejales de oposición. Esta práctica dictatorial —que ya fue denunciada durante el primer periodo del año— ha generado preocupación en sectores ciudadanos y jurídicos, pues podría estar vulnerando principios constitucionales como el pluralismo y el equilibrio de poderes.
En Colombia, el control político es una función esencial en la democracia local. No solo permite vigilar la gestión de los alcaldes y sus funcionarios, sino que también asegura que todos los sectores representados —mayorías y minorías— tengan voz en el debate público. En Ipiales, sin embargo, ese derecho parece estar siendo restringido.
El marco legal: el derecho al control político.
El artículo 312 de la Constitución Política de Colombia establece que los concejos municipales tienen la facultad de ejercer control político sobre el alcalde y los funcionarios de la administración local. Esta potestad también está respaldada por la Ley 136 de 1994, que otorga a las bancadas —mayoritarias y minoritarias— el derecho a proponer debates, citar funcionarios y cuestionar la gestión pública.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-089 de 1994, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173568 fue clara al afirmar que todos los concejales, sin distinción, tienen derecho a ejercer control político, sin que las mayorías puedan obstaculizar esa función a través de mecanismos administrativos o reglamentarios.
Ipiales: una práctica que preocupa.
Durante el periodo de sesiones de febrero de 2025, la mesa directiva del Concejo Municipal de Ipiales —dominada por la coalición mayoritaria— se negó sistemáticamente a incluir en la agenda proposiciones de citación presentadas por concejales de oposición o independientes. Esta negativa, según denuncias públicas, ha impedido el debate de temas relevantes para la ciudadanía y ha obstaculizado el examen riguroso de la gestión del alcalde Pantoja y su equipo.
Si bien algunos secretarios de despacho han comparecido ante el Concejo, lo han hecho bajo interrogatorios elaborados por la mayoría oficialista, generando intervenciones complacientes que culminan con aplausos y felicitaciones, sin un análisis crítico de fondo.
¿Silenciar a la oposición? Un abuso de poder.
Los argumentos utilizados por la mayoría para rechazar estas proposiciones —como la conveniencia política, la reiteración de temas o supuestas fallas procedimentales— han sido calificados por expertos como pretextos que no justifican la vulneración de un derecho constitucional.
Negar el derecho al control político por razones de forma o de estrategia política constituye una desviación de funciones y posible abuso de poder. Además, representa una amenaza directa al principio de pluralismo democrático, que exige que todas las voces, incluso las disidentes, tengan participación efectiva en las decisiones públicas.
¿Y los concejales afectados? El silencio también preocupa
Lo que más llama la atención es que los concejales afectados no han hecho uso de las herramientas legales a su alcance. Hasta ahora, no se conoce que hayan solicitado la intervención de la Procuraduría por posible vulneración de derechos políticos ni que hayan interpuesto acciones de tutela por la obstrucción reiterada a su labor de control.
Tampoco se ha promovido una investigación disciplinaria contra la mesa directiva por presuntas irregularidades en la administración del orden del día o por obstaculizar funciones públicas que les son propias como representantes electos.
Sin control político, pierde la ciudadanía
La democracia no se limita al gobierno de las mayorías; exige también la garantía de participación a las minorías. El control político no debe entenderse como un ataque, sino como un mecanismo necesario de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas.
Negar el debate público no solo es un acto antidemocrático: implica desconocer el Estado de derecho, debilitar la institucionalidad local y cerrar espacios a la ciudadanía, que tiene derecho a conocer cómo se ejerce el poder. En tiempos de desconfianza ciudadana, defender y facilitar el derecho al control político es más que una obligación legal: es una responsabilidad ética con la comunidad.
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