Del gobierno del pueblo y otros demonios.

Los perros, por instinto natural, ladran. Persiguen su propia cola, juegan con ella, se rascan las pulgas y, cuando sus dueños los bañan, se resisten al agua, al jabón y al perfume como si la limpieza les resultara ajena. Luego, cuando finalmente quedan limpios, se sacuden con furia, como si expulsaran aquello que otros consideran necesario. Un verdadero demonio para quienes invierten tiempo o dinero en cuidarlos.

Algo parecido ocurre con María, la protagonista de Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. En su pueblo, dominado por el fanatismo y la superstición, la joven vive un verdadero infierno: no encuentra seguridad en ningún lugar porque su entorno está marcado por la irracionalidad colectiva.

Una y otra vez los pueblos caen en trampas electorales, esas que terminan revelando las verdaderas intenciones de quienes, en campaña, se disfrazan de ovejas, pero gobiernan con instinto de lobo. No es mi caso. No voté por el proyecto político en mención, justamente porque el conocido saltimbanquismo de su líder político ya advertía el rumbo de las decisiones que hoy padecemos. Por eso puedo decir que no caí en esa trampa electoral, aunque sí me corresponde, como creador y ciudadano, señalar sus consecuencias.

No me quiero referir aquí a graves episodios de orden universal como el agua —problema que hoy también golpea con fuerza a nuestro municipio—, ni a la venta de las empresas públicas a privados, ni a las cuentas embargadas, ni siquiera a la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ipiales. Prefiero detenerme en un ejercicio de control ciudadano que me compete como creador y como habitante de este territorio.

Empecemos con las cuentas de los dos últimos años del Carnaval Multicolor de la Frontera. En 2025 se gastaron 2.100 millones de pesos; en 2026 la cifra ascendió a 3.584 millones, sin contar premiaciones ni contribuciones del sector privado. Las cifras, por sí solas, podrían sugerir crecimiento y fortalecimiento institucional. Sin embargo, cuando se observan con mayor detenimiento, también revelan cómo la fiesta se convierte con facilidad en un escenario políticamente rentable, mientras los problemas estructurales de la cultura permanecen intactos durante el resto del año.

La fiesta es, sin duda, un gran escenario donde convergen diversas manifestaciones culturales que desde hace varias décadas demuestran el valor simbólico y creativo de nuestro territorio. Pero detrás de esa postal festiva también se esconden retrocesos que preocupan a quienes viven el carnaval desde adentro. Los desfiles, por ejemplo, han sufrido un evidente retroceso técnico: la ausencia de música en vivo ha restado fuerza, ritmo y autenticidad a las comparsas. A ello se suma el cambio constante de las rutas de desfile, decisiones que parecen responder más a caprichos políticos que a criterios técnicos o culturales, alterando cada año la dinámica de participación de creadores y público.

A estas dificultades se suma otro aspecto que genera preocupación entre los cultores del carnaval: la idoneidad de los jurados y veedores en las categorías concursables. En varias ocasiones, estas responsabilidades han recaído en profesionales provenientes de disciplinas ajenas al campo artístico —historiadores, matemáticos, profesores de educación primaria—, lo que pone en entredicho los criterios técnicos con los que se evalúan obras que requieren conocimiento específico de procesos estéticos, coreográficos, musicales y escenográficos. Esta situación no solo evidencia una preocupante falta de rigor en la selección de quienes juzgan el trabajo de los artesanos, sino que también deja al descubierto la capacidad de análisis y coherencia de los directivos encargados de la preparación, gestión, ejecución y evaluación del carnaval.

A esto se suma la falta de apoyo sostenido a procesos fundamentales como la escuela EFAMI, así como la escasa o nula convocatoria a espacios de participación formativa para creadores, músicos, bailarines y gestores culturales. El carnaval no puede sobrevivir únicamente como espectáculo de temporada si, durante el resto del año, se debilitan los procesos pedagógicos, organizativos y creativos que le dan vida.

Lo más coherente que puede hacer el pueblo es ponerse en los zapatos del artesano, muchas veces instrumentalizado por las organizaciones de carácter público. En este caso, la Alcaldía de Ipiales delega la administración de los recursos del carnaval al Fondo Mixto de Cultura, mientras el Departamento Administrativo de Cultura —que durante el resto del año permanece prácticamente ausente frente al fortalecimiento de las distintas disciplinas artísticas del municipio— aparece únicamente en temporada de fiesta. Así, los aportes a la calidad, los subsidios, premios y demás derechos ganados a pulso por quienes sostienen la esencia del carnaval terminan sometidos a trámites, intermediaciones y decisiones que poco dialogan con la realidad de quienes crean la fiesta. Mientras tanto, los artesanos continúan sosteniendo el carnaval con lo único que nunca les falta: un amor profundo por su manifestación. Son meses interminables entre préstamos, sobreendeudamientos, dudas y obras que superan en calidad la realidad económica que el municipio aporta para su presentación.

El Carnaval Multicolor de la Frontera, que hace algunos años fue referente festivo del país y del mundo, hoy parece disminuir lentamente, como si se redujera a cenizas, tal como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría bajo los ojos de Julio César, emperador de Roma. Desde 2025, por ejemplo, ya no son invitados a la fiesta los municipios de la subregión de Obando, célebres acompañantes del carnaval que dejaron de asistir justamente por el insignificante aporte realizado por la entidad rectora de la celebración.

De esos casi 3.600 millones de pesos ejecutados, más del 45 % está destinado a la verbena popular, un espacio donde el dinero termina diluyéndose a través de la intermediación del Fondo Mixto de Cultura, entidad “privada” que administra recursos públicos. Una situación que debería ser auditada por los entes de control y las autoridades competentes para aclarar —o suspender, si es necesario— su accionar, y para abrir el debate sobre la necesidad de que los propios artesanos tengan voz en la elección de la organización que custodia los dineros públicos de los ipialeños.

A esta preocupación se suma el informe presentado el pasado jueves 5 de marzo de 2026, en el que se expusieron cifras sobre el dinero ejecutado sin que se presentaran con claridad los contratos correspondientes. Lejos de despejar las dudas de la ciudadanía y de los propios cultores del carnaval, dicho informe terminó sembrando una mayor sensación de desconfianza sobre el manejo de los recursos destinados a la fiesta.

Pese a los múltiples reclamos de la ciudadanía y de los artesanos, el estado de este patrimonio cultural permanece en cuidados intensivos. Es como si la fiesta hubiera sido mordida por un perro rabioso y a nosotros nos correspondiera el lugar de paso al ser poseídos por el demonio de la rabia.

Ni Dante, ni Kafka, ni el mismo arquitecto del realismo mágico imaginó tal escena.

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