Ipiales, Nariño —El Comité Pro Revocatoria de Mandato del alcalde de Amílcar Pantoja, “Ipiales, en modo revocatoria” compuesto por varios actores políticos y sociales del municipio, solicitó formalmente la remoción de la Registradora Especial del Estado Civil de Ipiales, Claudia Lorena Coral Tobar. Esta petición se basa en presuntas omisiones cometidas por la funcionaria en relación con el proceso de revocatoria que actualmente se lleva a cabo en contra del alcalde Amílcar Pantoja. Además, el comité ha interpuesto una queja disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ipiales y ha pedido la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil para investigar posibles violaciones al debido proceso.

El Comité Pro Revocatoria de Mandato, conocido como “Ipiales en modo revocatoria”, a través de su vocero, el señor Jeovanni Manuel Romo Pazos, ha instado a las autoridades pertinentes a adoptar una “acción preventiva” para garantizar la imparcialidad y transparencia en el proceso de revocatoria. En este sentido, solicitan que tanto el alcalde como los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ipiales y sus contratistas actúen de manera equitativa en todo momento, manteniéndose al margen.

Uno de los puntos clave de la solicitud se refiere a la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libre determinación y la libertad de prensa. El Comité exige que se garantice la equidad entre las partes involucradas en el proceso y que no se haga uso indebido del poder ni de los recursos públicos para influir en la ciudadanía. En este sentido, se exige poner fin a cualquier acto de discriminación política que pueda entorpecer el desarrollo de la revocatoria.

En las quejas presentadas ante la Procuraduría y la Registraduría, se señala que la Registradora Especial, Claudia Lorena Coral Tobar, Según lo expresado por el apoderado del alcalde, el abogado Alexander Sánchez Pérez, la funcionaria “ha vulnerado de manera flagrante el derecho al debido proceso y a la defensa del alcalde Amílcar Pantoja…” pues al parecer, actuó de manera irregular al eludir el proceso de notificación oportuna al alcalde, lo que podría haber generado vicios de nulidad. Para los del Comité pro revocatoria, este hecho, de haberse generado, podría haber sido intencional para beneficiar a la parte interesada en impedir la revocatoria.

La atención también se ha centrado en la inscripción de los ciudadanos que participaron en la audiencia pública sobre la revocatoria, llevada a cabo el 17 de marzo. El comité denuncia que de los 10 ciudadanos que querían inscribirse para defender la revocatoria, solo dos pudieron hacerlo debido a la inmediata inscripción de otros 8 que demostraron estar a favor del alcalde, lo que generó una desventaja para quienes apoyaban la revocatoria. Esta situación, según el vocero del Comité, afectó el equilibrio de la audiencia y favoreció al señor Pantoja.

Según lo expresan desde el Comité, la Señora Claudia Lorena Coral Tobar ha manifestado públicamente tener una amistad cercana con el señor Amílcar Pantoja quien la posesionó en el cargo de Registradora Especial del estado civil del municipio de Ipiales, horas después de que habría renunciado al sus funciones de asesora externa del Instituto de Servicios Varios de Ipiales ISERVI; esto no garantiza la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones que le competen, específicamente las relacionadas con el proceso de Revocatoria del Mandato del alcalde de Ipiales.

El Comité Pro Revocatoria de Mandato insiste en que se realice una investigación exhaustiva sobre las acciones de la Registradora Especial del Estado Civil de Ipiales, Claudia Lorena Coral Tobar, y solicitan su inmediata remoción del cargo. Aseguran que la imparcialidad de las entidades que tiene que ver con el desarrollo del proceso es crucial para garantizar la transparencia y equidad en el acto de participación democrática. A través de sus solicitudes formales ante las autoridades, buscan que se respeten los derechos de todos los involucrados y se evite la manipulación del proceso de revocatoria por parte de actores ajenos al mismo.