Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B revocó el fallo de primera instancia y concedió la tutela a favor del Municipio de Ipiales, al concluir que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) vulneró el debido proceso al embargar recursos inembargables del Sistema General de Participaciones (SGP). Aunque la decisión es celebrada por la administración municipal, persisten interrogantes sobre la obligación financiera que originó el embargo, los recursos que sí serían embargables y la estrategia para cumplir con la deuda reclamada por el DNP.
El Tribunal Administrativo profirió un fallo trascendental que protege las finanzas del Municipio de Ipiales y reivindica la naturaleza constitucional de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). La Sala decidió revocar la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá y amparar los derechos fundamentales invocados por la administración municipal, tras determinar que el Departamento Nacional de Planeación ordenó embargos que afectaron directamente cuentas con destinación específica, pese a conocer su carácter inembargable.

El expediente da cuenta de que, entre enero y febrero de 2026, el DNP impartió órdenes de embargo que fueron ejecutadas por varias entidades bancarias, afectando cuentas maestras destinadas a salud, educación, agua potable, saneamiento básico, deporte y cultura, además de recursos asociados al Sistema General de Regalías. Las advertencias de Bancolombia y BBVA sobre la naturaleza protegida de estas cuentas no fueron suficientes para detener la ejecución de las medidas cautelares, lo que derivó en una crisis financiera local que paralizó pagos esenciales, subsidios, operación de servicios públicos y la ejecución de programas sociales.

La decisión del Tribunal también reconoció la intervención de organizaciones sindicales y empresas públicas locales, las cuales alertaron sobre los efectos del embargo en la nómina, la continuidad del servicio de aseo, la operación del acueducto y otros servicios básicos. El fallo subrayó que, aunque el DNP reportó haber levantado los embargos y ordenado la devolución de depósitos judiciales, persistían efectos jurídicos y operativos que requerían un pronunciamiento de fondo, dada la gravedad de la afectación y el desconocimiento de la jurisprudencia en materia de inembargabilidad.

No obstante, y pese a que la administración municipal ha expresado satisfacción por la decisión del Tribunal, no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto central que originó la controversia: la deuda que el DNP reclama al municipio y que, aunque no puede ser cobrada con cargo a recursos del SGP, sigue siendo una obligación vigente. Tampoco ha aclarado si existen recursos municipales que no pertenecen al Sistema General de Participaciones y que, en consecuencia, sí podrían ser objeto de embargo en un eventual proceso ejecutivo.

A la fecha, no se conoce si la Alcaldía adelanta negociaciones, acuerdos de pago o gestiones administrativas frente al cumplimiento de la obligación reclamada por el DNP, un aspecto clave para evitar que el problema se reactive y vuelva a poner en riesgo el funcionamiento financiero del municipio.